Siete planes urbanísticos ubicados en la costa valenciana que suman 18.000 viviendas están cuestionados por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) aprobado en mayo de 2018 y refrendado el pasado año por la justicia.
En concreto, se trata de los programas de actuación integrada (PAI) de Torreblanca Golf, Playa del Puig, Bega de Cullera, el Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela, que suman una superficie total de 5,4 millones de metros cuadrados.
Sin embargo, la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, anunció recientemente que se “redefinirá el Pativel, un plan que se aprobó de espaldas a una buena parte de la sociedad”, una revisión “que hará compatible la protección medioambiental y la sostenibilidad con la llegada de inversiones a la Comunitat Valenciana”. Pradas, sin embargo, no aclaró en qué situación quedan todos estos desarrollos urbanos que estaban paralizados por diversos motivos y que, de no cumplir los requisitos del Pativel, pasarían a ser suelo protegido no urbanizable, perdiendo los promotores los derechos urbanísticos.
Como informó elDiario.es, el PAI Sant Gregori Golf de Borriana, que prevé el desarrollo de 2,5 millones de metros cuadrados de suelo, con unas 6.000 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos, ha sido recientemente paralizado por la justicia al haber adjudicado el Ayuntamiento sin concurso público la figura de agente urbanizador a la mercantil Golf San Gregori SA.
El Pativel otorgó a todos estos proyectos un plazo de cinco años para iniciar los obras que se cumplió el día 12 del pasado mes de mayo. De lo contrario, la normativa obliga a convertir el suelo, hasta ahora urbanizable, en rural protegido, en el que no cabría por lo tanto la construcción de inmuebles.
Antes de las elecciones del pasado 28 de mayo, la Consellería de Política Territorial solicitó un informe a la Abogacía de la Generalitat que aclarara la hoja de ruta a seguir a nivel jurídico para proceder en cada caso.
Según el órgano jurídico del Gobierno valenciano, al ser los ayuntamientos los que han tramitado y aprobado los PAI, les corresponde a ellos analizar las circunstancias concretas de cada proyecto y determinar si se ha producido o no alguna paralización del procedimiento y, en este caso, si es por causas imputables a la administración y sus concesionarios, ya que son ellos quienes han tramitado el PAI y disponen de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse.
Con todo, añade el informe, la Generalitat debe velar por el cumplimiento de lo que establece el Pativel y por lo tanto puede requerir a las autoridades municipales todo tipo de documentación para comprobar que se ha obrado correctamente, e incluso, si se estima oportuno, impugnar en los tribunales cualquier posible infracción del Pativel por parte de los ayuntamientos.