La Generalitat respetará los trabajos y las condiciones laborales de todos los empleados del hospital de Alzira así como los servicios sanitarios del centro una vez éste sea rescatado de la gestión privada. Ese el compromiso público asumido por el Consell este jueves en las Corts Valencianes, durante la sesión de control al presidente de la Generalitat.
Tanto Ximo Puig como su vicepresidenta, Mónica Oltra, se han empleado a fondo para romper el relato propalado por el PP: la llamada reversión del Hospital de Alzira -no se prorrogará el contrato con la empresa privada que lo gestiona desde su nacimiento, Ribera Salud- puede dejar a los trabajadores en la calle y disminuir la cartera de servicios que actualmente se presta a 250.000 vecinos de la comarca de La Ribera.
Los populares, con su líder, Isabel Bonig, a la cabeza, acusan al Consell de poner en peligro el sustento de 2.500 familias -los trabajadores del hospital y su área de salud, contratados por la empresa privada- y querer rebajar el rango del centro. Con el rescate, dicen, pasaría a a ser comarcal. Entre otras cosas, eso implicaría que servicios como el de oncología dejarían de estar disponibles.
Puig, Oltra y la consellera de Sanidad, Carmen Montón, lo niegan. Las prestaciones “se mantendrán y se aumentarán poco a poco” con la vuelta a la gestión pública, lo que será posible porque el “beneficio industrial” que se embolsa Ribera Salud se podrá dedicar a atender a los pacientes, ha dicho el President. “El interés del Consell es mejorar la calidad sanitaria, proteger los intereses del personal y mejorar la eficiencia”, ha añadido.
Montón ha garantizado que el 1 de abril de 2018, a la finalización del contrato con Ribera Salud, los empleados “seguirán en sus puestos de trabajo”. El proceso se hará “con diálogo y seguridad jurídica”, ha añadido la consellera, que. de momento, ha recibido el apoyo del comité de empresa, la junta de personal y los sindicatos en su intención de nacionalizar el servicio privatizado.
“El pacto del Botànic está para cumplirse y la ciudadanía mayoritariamente votó que quería la reversión de la sanidad a lo público”, ha añadido Montón. Ni ella ni Puig ni Oltra han aclarado, sin embargo, como la administración se subrogaría al personal contratado por Ribera Salud.
En ese asunto, hay varias dificultades: como convertir en personal de la administración a trabajadores que no han pasado ningún proceso de selección y superar las leyes de estabilidad presupuestaria impulsadas por el PP que limitan, también en comunidades autónomas y ayuntamientos, la contratación de personal en la administración.
Ese punto es aprovechado por Bonig, que defiende sin tapujos el modelo Alzira y a la empresa gestora, Ribera Salud. “La subrogación es una ilegalidad y lesiva para el interés general”, ha dicho, para luego sembrar dudas sobre el futuro de los trabajadores. “¿Les va a engañar igual que a los trabajadores de Ràdio Televisió Valenciana?”.
El Consell cree que el PP hace de “lobista” y “conseguidor” para Ribera Salud. “¿Usted a quién representa a los 250.000 valencianos [atendidos en el área de la Ribera] o a una empresa?”, le ha espetado Puig a Bonig.