La Generalitat ha comunicado al sector de la tercera edad que financiará 4.000 plazas en residencias de ancianos en centros que pertenecían a la familia de Juan Cotino y otras empresas privadas cuando hay centros públicos sin ocupar e, incluso, residencias públicas cerradas.
La decisión ha causado consternación en el sector. De hecho, el anterior conseller de Bienestar Social, Jorge Cabré, había comunicado oficialmente su intención de reducir las plazas de accesibilidad, aquellas de centros privados que son subvencionadas por la Generalitat, para no desaprovechar recursos públicos ahora ociosos. Su destitución y la de su mano derecha, Joaquín Martínez, se vincula con esa intención.
Las empresas beneficiadas por este sistema, reforzado por el actual presidente de les Corts Valencianes, Juan Cotino, cuando era conseller de Bienestar Social, son Savia, Novaire, La Saleta o Solimar. Savia fue impulsada por la familia Cotino –con varios imputados en el caso Gürtel- y en ella también ha participado Enrique Ortiz, el empresario imputado en varios de los episodios de corrupción que azotan Alicante.
Solimar está presidida por Eugenio Pérez Mifsud, exalcade de Tavernes de Valldigna por el PP y comisionado de la Generalitat para la Copa del América 2007 y Novaire es de OHL, la empresa del Ibex 35 propiedad de Juan Villar Mir, imputado por supuestas donaciones ilegales al PP. “La renovación de las plazas de accesibilidad no tiene sentido, ni económico ni desde el punto de vista de la gestión y roza la prevaricación cuando hay plazas”, dicen fuentes del sector. De hecho, hay cientos –hasta unas 1.200, según las mismas fuentes- de plazas públicas por ocupar.
Por ejemplo, la residencia de Carlet (Valencia), de 550 plazas, estaría al 50% de ocupación. Y hay centros finalizados y hasta semiamueblados que no se utilizan por, al parecer, falta de fondos. Ese sería el caso de, por ejemplo, el de Tuéjar (Valencia), de 100 plazas. Muchas instalaciones municipales también están cerradas dada la asfixia económica de administración local aunque la ley vigente permite que aunque sean de los ayuntamientos puedan entrar en los programas financiados por la administración autonómica.
En ese contexto, la Generalitat prefiere pagar a empresas privadas -1.600 euros al mes por residente- antes que ocupar las plazas públicas. El gobierno valenciano financia una red de residencias y centros de día con capacidad para 33.000 personas. En 2013, presupuestó 185 millones de euros para esta labor, aunque los trabajadores del sector han reclamado en varias concentraciones los 110 millones de deuda que ponen en peligro al sector.