La Generalitat Valenciana incrementa un 30% la recaudación en las sanciones por incumplimiento de la ley del juego y aumentará las inspecciones a locales para ir adaptando la nueva normativa, reformada en 2020. Durante el ejercicio de 2022 se han incoado cerca de 300 expedientes, 59 de ellos por faltas muy graves, según los datos a los que ha tenido acceso elDiario.es, que suponen un importe de 830.000 euros, frente a los 638.000 del año anterior.
Los datos del segundo año de aplicación completa de la ley indican que las sanciones de mayor gravedad -juego ilegal, control de admisión y publicidad no autorizada- se han reducido en un 14%, mientras que el resto de faltas graves lo ha hecho un 20%. Las multas más graves contemplan la práctica de juego de cartas en locales no autorizados, la práctica del juego del bingo en local no autorizado, apuestas en local no autorizado, venta de cupones ilegales y juego ilegal del “trile”. Por juego ilegal la Conselleria de Hacienda ha tramitado 19 expedientes, con 170.015 euros de sanción en total.
El Ejecutivo autonómico modificó la ley en 2020 para impedir la apertura de casas de apuestas y salones de juego próximas a colegios, endurecer la vigilancia para evitar la presencia de menores en los locales y una revisión de las licencias para ir retirando las máquinas de apuestas deportivas de los establecimientos hosteleros. Desde entonces, a medida que vayan venciendo las licencias, se van aplicando las nuevas restricciones en el medio millar de centros de juego que hay registrados en la Comunitat Valenciana.
Con el fin de garantizar la adaptación de la ley, que contempla la ludopatía como un problema de salud pública que se ceba con los vecinos de los barrios obreros, la Conselleria de Hacienda ha suscrito un convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que faculta a las policías locales ejercer las labores de inspección. Actualmente hay 6 agentes de la unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana encargados de estas tareas y, con el convenio, se amplía a todos los cuerpos locales esta capacidad. Los agentes se centran en el cumplimiento de los controles de edad, las distancias, la publicidad exterior y la adaptación a la nueva normativa, que actualiza una ley con más de 80 años de vigencia.
El secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, defiende que “las funciones de prevención y proximidad que llevan a cabo los cuerpos de las policias locales, unidas a su dotación en efectivos, permite sumar recursos para la inspección y vigilancia de la actividad del juego, así como que los consistorios pueden dar respuesta a las inquietudes vecinales en este campo”. Con el convenio, los agentes podrán proponer una sanción por la vía administrativa, que tramita la dirección general de Tributos y Juego. Este departamento, que coordina Rafael Beneyto, también actualizará con la información de los agentes el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego de la Comunitat Valenciana.