La Generalitat Valenciana ha recurrido el auto que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones relativas a la pieza del caso Valmor en la que solo quedaba investigado el expresidente Francisco Camps. La pieza uno del citado caso investiga posibles irregularidades en las negociaciones para organizar el Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia.
Según han informado a EFE fuentes del Gobierno valenciano, la Abogacía de la Generalitat ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia un recurso de reforma contra el citado auto, en el que argumenta que existen “indicios de criminalidad” contra Camps.
La causa se inició hace cuatro años para investigar las negociaciones para la organización del campeonato deportivo a través de la empresa Valmor Sport y la posterior absorción de esta sociedad por la empresa pública Circuito del Motor. El caso Valmor, por la empresa que se encargó de las gestiones, está dividido en cuatro piezas y Camps figuraba como investigado en dos de ellas, la recientemente pieza archivada (número 1) y que la Generalitat acaba de recurrir, y la 4, en la que hay 28 imputados y que investiga la adjudicaciones en 2007 y 2008 del diseño y construcción del circuito urbano.
El pasado diciembre, la jueza dictó el sobreseimiento provisional de la causa, sin oposición de la Fiscalía, al considerar que la investigación practicada no permitía sostener la acusación por delitos de malversación y prevaricación y que no existían “indicios suficientes para formular una acusación fundada en derecho”.
En su recurso, la Abogacía de la Generalitat solicita la continuación de la investigación, la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, previa unión de esta pieza principal con la pieza segunda (la compra de Valmor por Circuit del Motor).
Asimismo, reclama la declaración como investigados del expresident Camps y de Belén Reyero, asesora del presidente y posterior encargada de eventos en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), así como de las personas que resulten presuntamente responsables de los hechos objeto de investigación.
El recurso de la Abogacía se basa en argumentos estrictamente técnicos y en defensa del interés público de los valencianos, según las mismas fuentes, que han incidido en que todas las actuaciones de la Generalitat van encaminadas al cumplimiento de la ley y a la necesidad de que los responsables de los casos de corrupción que resulten acreditados devuelvan el dinero.
La Abogacía defiende que tanto a través de los informes de la UDEF, como de los correos electrónicos y de las declaraciones que obran en la instrucción, entre ellas las del exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, resulta evidente la intervención de Camps y de Reyero en los hechos objeto de investigación, así como la relevancia penal de estos.