La Generalitat retoma la construcción de viviendas de nueva planta destinadas al alquiler asequible y se ha comprometido a levantar 2.457 pisos en los próximos cinco años con una inversión de 213 millones (hasta 294 con la colaboración privada) que generará 13.500 empleos.
Según han explicado el president de la Generalitat, Ximo Puig, y el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, el conocido como Plan 2.400 estará en vigor hasta 2026 y tiene intención de financiarse a través de los fondos europeos para la reconstrucción.
Estas nuevas viviendas se construirán en Alcoi, Alicante, Campello, Elx, Sant Joan, Torrevieja, Albaida, Alzira, Benaguasil, Gandia, Manisess, Silla, Torrent, València, Burriana y Almassora; y el 10 % de ellas estará reservado para víctimas de la violencia machista.
Según Dalmau, “tras más de una década, la Generalitat retoma la construcción de vivienda protegida en solares públicos, bajo los principios de la eficiencia y el ahorro, con el doble objetivo de combatir la emergencia climática y reorientar el sector de la construcción”.
A través de la acción pública directa se ha previsto la construcción de 1.131 viviendas de nueva planta, mientras que la colaboración público-privada permitirá levantar otras 1.326.
“Hace justo un año la ONU pidió a España una nueva legislación que garantice el derecho a la vivienda. La pandemia ha removido los cimientos de las vidas de mucha gente, ha sido un terremoto económico que amenaza a muchos trabajadores, pero el desenlace de la crisis ha sido diferente al de la última crisis”, ha opinado Dalmau.
A su juicio, “el sentido común se ha impuesto, se han aprobado moratorias para los pagos de hipotecas y alquiler. Es una victoria colectiva que prioriza la condición universal de ciudadanía por encima de cualquier otra consideración mercantil”.
“Pero no es la primera vez que el mercado inmobiliario es el epicentro de muchas preocupaciones y el plato principal de las finanzas para saciar sus ansias de beneficio, y por eso hacen falta medidas estructurales para defender el derecho a la vivienda digna”, ha agregado.
Para Dalmau, el parque público de vivienda “es una garantía de protección y una herramienta para contrarrestar las prácticas especulativas, es garantía de que ningún ciudadano habrá de pagar un peaje abusivo”.
En España, ha indicado el vicepresidente segundo, el parque público de vivienda da cobertura al 1,6 % de la población, frente al 16 % de Francia, el 21 % de Dinamarca o el 30 % de Holanda.
En este mismo sentido, Puig ha subrayado el hecho de que “somos uno de los países del mundo con más casas vacías, al tiempo que muchos ciudadanos no disponen de vivienda”.
“Por eso hemos de ir a soluciones estructurales, como las que ahora se plantean; este plan es una potente respuesta a la emergencia, dará un respiro a miles de familias y reactivará el empleo, con un impacto económico esperado cercano a los 880 millones de euros”, ha remarcado el president.
“La imparable concentración urbana trae cambios, como el encarecimiento de la vivienda y muchas dificultades para los jóvenes -ha advertido-. Por eso hemos de remodelar los barrios, facilitar la reconversión de la construcción con parámetros más justos, más ladrillo sostenible, más innovación, mas sostenibilidad y más cohesión territorial”.
El president confía en que “la gran cantidad de recursos europeos ayuden a transformar la economía, generen empleo y refuercen el escudo social. Disponer de una vivienda más social, más inclusiva, más conciliadora, es una urgencia; no puede ser una moda pasajera, sino una obligación del legislador y del sector”.
“Estamos a tiempo de acometer una acción que en el resto de Europa se hizo tras la Segunda Guerra Mundial. La realidad es que la gente vive en las ciudades, y desde esa perspectiva hemos de aportar soluciones. Colaborar con el sector privado es fundamental, necesitamos hacer las cosas más rápido, superar burocracias, con toda la seguridad jurídica pero más rápido, porque los ciudadanos no pueden esperar más”, ha concluido Puig.