La Comunitat Valenciana padece su peor temporada, en lo que a la lucha contra el fuego se refiere, de la última década. Con unas 35.000 hectáreas arrasadas, 30.000 de ellas por los incendios de Bejís y Vall d'Ebo, hay que retrotraerse a 2012 para encontrar un verano más aciago, cuando ardieron 60.000 hectáreas. Esta cifra de terreno devastado supone que este año se ha quemado mucha más superficie boscosa (unas 15.000 hectáreas más) que en los nueve años anteriores -entre 2013 y 2021.
Por este motivo y en un contexto de emergencia climática en el que se han vivido fenómenos como el devastador incendio de sexta generación del Alto Palancia, la exconsellera, destituida en plena negociación de los presupuestos autonómicos, Mireia Mollà, propuso elevar de 27 a 86 millones la asignación en prevención de incendios con el objetivo de convertirse en el primer ejecutivo de España en gastar más en este concepto que en extinción, al que este ejercicio se han dedicado 81 millones.
De esta forma, se daría respuesta a las diferentes reivindicaciones tanto técnicas como políticas de los días posteriores a estos grandes incendios referentes a la necesidad de invertir en prevención para tratar de minimizar el riesgo. También, se daría respuesta a las diferentes reivindicaciones tanto técnicas como políticas de los últimos días referentes a la necesidad de invertir en prevención para tratar de minimizar el riesgo de incendios como los de la Vall d'Ebo y de Bejís que han arrasado 30.000 hectáreas.
Así, de los 86 millones de inversión en prevención, Mollá proponía dedicar 40 a la creación de un Fondo de Cooperación Forestal para financiar los planes de prevención de los municipios. En cuanto al criterio de reparto, cada municipio recibiría una partida en función de sus hectáreas de masa forestal y de parques naturales, por lo que cuantas más hectáreas de bosque tenga una localidad, más dinero recibiría. De esta manera, se financiarían los planes locales de prevención que han elaborado en los últimos meses la mayoría de localidades.
Tras esta propuesta, el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, en el debate de política general del 27 de septiembre, anunció la creación un nuevo fondo de “cooperación forestal” que transferiría 50 millones de euros a los ayuntamientos valencianos para mejorar el mantenimiento de los bosques, prevenir los incendios y potenciar la reforestación, además de proponer a las diputaciones provinciales que suplementaran este plan con 30 millones más.
Sin embargo, según las cuentas autonómicas presentadas este lunes para el año 2023, el presupuesto en prevención de incendios se mantiene en 27,2 millones de euros, exactamente igual que en el presente ejercicio, a pesar de las promesas realizadas tras los fuegos de Bejís y Vall d'Ebo.
A esta cuantía se suman 10,9 millones en concepto de transferencias corrientes, de las cuales 10 millones se destinan supuestamente al mencionado fondo de cooperación que Puig había cifrado en 50 millones y 900.000 euros al incremento de gasto solicitado por Vaersa para mantener las labores prevención como consecuencia del aumento de la inflación.
Fuentes de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que ahora dirige Isaura Navarro han explicado que el fondo de cooperación será plurianual, por lo que esos 50 millones prometidos por el presidente Puig se completarán en varios años.
En las cuentas presentadas este lunes por el conseller de Hacienda, Arcadi España, y por la vicepresidenta, Aitana Mas, se destacó que esta conselleria aumentaba su dotación en 45,9 millones de euros con respecto a 2022. Sin embargo, de ellos 23 millones corresponden a transferencias del Estado como consecuencia de la recaudación de la nueva ley de economía circular (aunque el presupuesto de ingresos refleja una entrada de 30 millones por este concepto), cuyos ingresos son finalistas y por tanto solo se pueden destinar a temas de residuos, otros 10 son los mencionados del fondo de cooperación, por lo que quedan 12,9 millones a repartir para el resto de áreas.