Impulso Económico Local (Imelsa) es la empresa de la Diputación de Valencia que fue supuestamente utilizada por Alfonso Rus y sus adláteres para saquear fondos públicos. La investigación judicial en curso, conocida como caso Taula o Imelsa, es, seguramente, la mayor contra la corrupción vinculada al PP valenciano.
Imelsa ha sido rebautizada como Divalterra para librarse del estigma del pasado, pero la nueva imagen no ha sacado a esta sociedad pública del escándalo: El PP, ahora en la oposición, pide cabezas por el pago de gin tonics con dinero público, las adjudicaciones a dedo a empresas de reciente creación o la contratación de abogados para, se creía, fines distintos a los de las empresa.
El alcohol de Victor Sahuquillo
Divalterra tiene dos gerentes, uno que representa a Compromís (Agustina Brines) y otro al PSOE. Éste, Víctor Sahuquillo, pagó con dinero público ginebras, whisky, ron y licores, según publica Las Provincias. En un comunicado, Sahuquillo se justifica explicando que el 1 de diciembre ya solicitó “la regularización de aquellos conceptos que, a juicio de los servicios jurídicos y de la auditoría interna de Divalterra, no se ajusten de forma estricta” a las normas de la casa para “proceder a su abono inmediato”.
Los gin-tonics de la discordia han venido a azuzar la pésima relación entre los socios de gobierno de la Diputación, PSOE y Compromís. El enfrentamiento entre los dos gerentes de Divalterra es evidente, y se ha acentuado con otros dos episodios polémicos. El primero, la contratación de Socialnova, una empresa a la que se concedió la creación de la nueva imagen de la sociedad apenas semanas después de que se constituyera y en un procedimiento en el que dos de las tres ofertas venían de la mano de un mismo profesional.
Ese contrato, impulsado por Sahuquillo, motivó la apertura de un expediente informativo y la reacción de Compromís: Brines solicitó un informe jurídico para conocer con detalle en qué consiste la «acción de responsabilidad», el proceso que podría poner en marcha el consejo de administración contra el gerente si considera que se puede haber producido alguna irregularidad en el ejercicio de su cargo.
Sahuquillo siempre ha negado cualquier irregularidad en este asunto. También en la polémica contratación de servicios jurídicos que provocó dimisiones en la casa pero que fue finalmente dada por buena tras una investigación interna en la que Compromís reprendió al gerente socialista de Divalterra.
El PP también pone la diana en Sahuquillo, al que acusan de gestionar Divalterra como su “garito”. “Han demostrado en poco tiempo que su concepto de dignificar la Diputación y su empresa pública, Divalterra, pasa por gastarse el dinero de todos en gin-tonics”, afirma en un comunicado en el que pide dimisiones.
El presidente de la Diputación, “Jorge Rodríguez, debe salir del escondite y responder ante los valencianos si le parecen éticos y estéticos los comportamientos de su hombre de confianza en Divalterra”, una empresa con 18 millones de euros de presupuesto, insiste el PP. Pese al maquillaje en forma de cambio de imagen, Divalterra está, como Imelsa, en el centro de la polémica.