El Ministerio de Defensa, previa deliberación del Consejo de Ministros, ha indultado al agente del Seprona de la Guardia Civil de Gandia (Valencia) Antonio Castillo, condenado a nueve meses de prisión como autor de un delito de insulto a un superior. El Gobierno estima que concurren “razones de justicia y equidad” y conmuta la pena de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad.
El agente, perteneciente a la patrulla del Seprona de Gandia, tuvo una discusión el 28 de mayo del 2016 con su superior, un cabo primero del Instituto Armado, que optó por no investigar “el posible delito ecológico” en una acequia que emitía olores fecales, según la sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que confirmó la condena de nueve meses de prisión al agente.
El uniformado, según los hechos probados de la sentencia, se dirigió a su superior “en tono elevado de voz y de forma poco respetuosa”. El cabo primero jefe de la patrulla le contestó: “¿Quién dirige el servicio, usted o yo?”. El guardia le espetó: “como me vuelva a chillar, es la última vez que se lo digo... mire, por la puerta sale volando... ¿está claro o no está claro?”. Con el puño cerrado continuó: “usted es un maldito inepto, un inútil de mierda que no vale ni para tacos de escopeta (...) Acaba de ver una actuación aquí, se lo pasa por los cojones y se va (...)”.
Tras la discusión, cuando llegaron al cuartel, el teniente jefe del puesto de Oliva ordenó la suspensión del servicio. El superior registró la discusión con una grabadora y el archivo de audio se incorporó a la Información Reservada abierta al agente. El guardia Antonio Castillo fue condenado por el Tribunal Militar Territorial Primero a nueve meses de prisión, con las accesorias de suspensión militar de empleo, suspensión de cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por un delito de insulto a un superior.
En su recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), el agente alegaba que la grabación fue realizada por su superior en calidad de jefe de patrulla del Seprona, por lo que debería haber contado con una autorización judicial previa. El TS, sin embargo, rechaza la alegación y sostiene que “lo relevante no es el hecho de la condición de la persona que la realiza, sino las circunstancias en que se produce”. El agente indultado también reprochaba que la grabación original “permaneciera 15 meses en su poder antes de ser aportada”.
El guardia consideraba que concurrían en el testimonio de su superior “móviles espurios”, pudiendo haber actuado “por motivos de venganza o resentimiento” por el temor a una posible denuncia “ante su supuesta inacción a la hora de investigar unos vertidos ilegales”. “El hecho de que la relación entre ambos no fuera buena (...) no resta tampoco credibilidad a lo relatado por el superior”, afirma la sentencia del TS.
Una petición de indulto para el guardia en el portal Change.org reunió 4.862 firmas. La iniciativa explica que las malas relaciones entre el agente y su superior venían de lejos, cuando Castillo inició una investigación sobre la muerte por electrocución de 35 aves rapaces en tendidos eléctricos, “pero sólo encontró impedimentos y hostilidades por parte de su superior”. El agente indultado, “firmemente comprometido con la defensa del medio ambiente”, se disculpó públicamente con su superior.
Con el indulto del Gobierno, el uniformado cumplirá nueve meses de trabajos en beneficio a la comunidad y no entrará en prisión. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado el “excesivo rigor disciplinario” en el Instituto Armado: mientras que en la Policía Nacional hubo 1.659 sanciones entre 2006 y 2015, en la Guardia Civil la cifra de sanciones por faltas graves o muy graves se dispara hasta las 4.794 en el mismo periodo, según un informe del Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco).