El gobierno quiere multar con 300 euros al organizador de la manifestación convocada por el sindicato CGT el primero de Mayo en Castellón. ¿El motivo? Tres pintadas en entidades bancarias -“Terroristes” en una oficina de La Caixa y otra de Bankia; “Lladres” en una del Sabadell- y un cartel en otra (“Foc al capital”, también en Bankia).
Según el atestado policial devenido en sanción, “en la manifestación varios participantes llevaban un carro de compra y en su interior varios cepillos y pegamento para ir pegando carteles en los establecimientos”.
Con ese y otro material, se realizaron “pintadas con spray” y la mencionada “pegada de cartel”. Los hechos, según la subdelegación del Gobierno en Castellón, han causado “perjuicios” económicos y son sancionables por su “intencionalidad” y la persistencia de la “conducta infractora”.
El ejecutivo considera esas proclamas una infracción administrativa leve de acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Como la policía no identificó en la manifestación, ni parece conocer, a los autores de las pintadas o la pegada del cartel, la sanción va dirigida contra Joan Piñana, exsecretario general de CGT en Castellón y organizador del acto.
Piñana anuncia recurso, carga contra la Ley Mordaza y denuncia una persecución de la brigada de información del Cuerpo Nacional de Policía, la denunciante de los hechos. “Recuerdan a la brigada político-social” del franquismo, dice.