Reunión fructífera para la mejora de la gestión de la Marina de València, pero tensa y hasta polémica por las obras de rehabilitación del tinglado 2 y de la reurbanización del entorno y por la falta de soluciones para el gran problema que arrastra el espacio: la deuda de 465 millones de euros que se originaron para la su construcción con motivo de la Copa del América.
Así podría resumirse el encuentro del consejo rector del Consorcio València 2007, entidad gestora de la Marina de València, que se ha tenido lugar este lunes por la tarde en el edificio Veles e Vents.
A la cita, la primera presencial que se produce desde hace cinco años, han asistido representantes de las tres administraciones consorciadas, encabezadas por el presidente del consorcio y alcalde de València, Joan Ribó; el vicepresidente segundo del consorcio y conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, por parte de la Generalitat Valenciana; y la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, en representación del gobierno central.
Así, la parte positiva incluye la aprobación el Plan de Usos que, pese al voto en contra de la representante de València en Comú, María Oliver, incluye la construcción de un hotel de lujo junto a la actual estación marítima: “este proyecto estará condicionado a que el impacto paisajístico sea el mínimo posible, que el edificio sea sostenible y que incluya un proceso participativo”, ha explicado el alcalde.
El director de la Marina, Vicent Llorens, ha explicado que se plantean una concesión por un máximo de 75 años a razón de unos 350.000 euros a pagar en concepto de canon por la empresa que finalmente construya la instalación, con una inversión prevista de 50 millones de euros.
Además, se ha dado el visto bueno al presupuesto de 2017 y al de 2018, que asciende a 7,5 millones de euros, con una previsión de beneficios de un 50% superiores a los de 2017 (110.000 euros).
La parte negativa, sin embargo, se ha producido a cuenta de la financiación de las obras de rehabilitación del tinglado 2 y de la reurbanización del entorno, que supondrá la creación de una plaza pública de 12.000 metros cuadrados.
Un proyecto cuyo coste asciende a 1,4 millones de euros y que en principio solo financiarán al 50% el Ayuntamiento y la Generalitat, pese que el Estado controla un 40% del Consorcio (la Generalitat tiene otro 40% de participación y el Ayuntamiento el 20% restante).
En este sentido, fuentes gubernamentales han explicado que en la reunión previa para acordar los puntos del orden del día ya se informó que la obra correría a cargo de la administración local y autonómica y que el conseller Soler se ha descolgado este lunes de este acuerdo solicitando la participación del Gobierno, algo que estudiará el Ejecutivo central, según las mismas fuentes.
Por último, sigue sin haber una propuesta de viabilidad para afrontar la deuda de 465 millones de euros contraída por el consorcio para ejecutar las obras de la Marina con motivo de la Copa del América, algo que han criticado tanto Ribó como Soler por “el tremendo lastre que supone para el desarrollo del recinto”.
En este sentido, han vuelto a insistir en que el Estado debe asumir esta deuda como ha hecho con las inversiones por grandes eventos en otras ciudades, tales como las expos de Sevilla y Zaragoza o las olimpiadas de Barcelona.
Según han explicado, la reunión de la comisión técnica del próximo 11 de abril tiene previsto afrontar por primera vez esta cuestión.