La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, compareció este martes tras el Consejo de Ministros para dar cuenta de la aprobación del decreto que revisa la planificación hidrológica de una docena de demarcaciones para el periodo 2022-2027, que entre otras novedades incluye el establecimiento de un caudal ecológico mínimo en el río Tajo, a aplicar de forma progresiva, y que tiene como consecuencia el recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos de aquí a 2027.
El documento incluye un caudal ecológico (caudal mínimo para poder trasvasar agua) de 7 metros cúbicos por segundo en 2023, de 8 metros cúbicos en 2026 y de 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027. Ribera aseguró que en “el peor de los escenarios” la reducción máxima de agua trasvasable está entre 70 y 110 hectómetros cúbicos, que se compensarán con inversiones para lograr disponer de recursos adicionales con agua desalada, reutilizada y con la eficiencia del regadío.
La ministra comentó que estos recursos hídricos adicionales permitirán “como mínimo” 140 hectómetros nuevos, es decir un volumen “superior al agua que se dejaría de trasvasar como pérdida del caudal ecológico incluso en épocas de sequía”. En ese sentido, destacó que el Gobierno no quiere que estos recursos supongan una “carga inasumible” a los agricultores por lo que se ha comprometido a poner un precio tope de 0,34 euros para el agua desalada (actualmente la que procede del trasvase se paga a 0,18 euros el metro cúbico), inversiones en renovables y eficiencia del regadío.
Aunque el texto del decreto mantiene en esencia los puntos más importantes del texto elevado al Consejo de Estado y criticado duramente por el Gobierno valenciano con amenazas de recursos judiciales incluidas (por los cambios introducidos en la disposición adicional novena que eliminaron los puntos acordados con el Consell que preside Ximo Puig), el documento aprobado finalmente por el Consejo de Ministros incluye pequeñas novedades en la línea de lo demandado desde la Generalitat y de lo apuntado en el dictamen del Consejo de Estado con el objetivo de evitar que una comunidad autónoma gobernada por el barón socialista Ximo Puig acabe llevando el asunto a los tribunales.
El texto consensuado con el Gobierno valenciano y finalmente eliminado pretendía condicionar el aumento del caudal ecológico al estado de la masa de agua del Tajo, puesto que de mejorar su calidad con las inversiones de depuración que se implantarán en Madrid, no se considera necesario elevarlo ya que su objetivo es diluir los residuos que acaban en el río.
En el decreto aprobado finalmente por el consejo de ministros se han añadido un par de apuntes a la disposición adicional novena en esta línea: el primero de ellos establece que el contenido del 'Programa especial de seguimiento' incluirá “el seguimiento de los caudales ecológicos fijados en el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo” así como “el análisis de su impacto progresivo en la consecución de las finalidades establecidas y de la clasificación de su estado ecológico”.
En segundo lugar, el 'Programa especial de seguimiento' también incluirá “la evolución del plan de inversiones en las cuencas receptoras”, además del “análisis de su impacto en la consecución del objetivo de satisfacer adecuadamente las necesidades de la cuenca del Segura y de la mitigación del desequilibrio existente entre demanda y aportaciones naturales, expuesto en el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura”.
Por último, se añade al decreto la siguiente disposición final tercera sobre la actualización de la instrucción de planificación hidrológica: “En el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobará una orden que actualice la instrucción de planificación hidrológica (...). En particular, la orden fijará los criterios técnicos y metodologías para la determinación de los caudales ecológicos para el conjunto de las demarcaciones hidrográficas, con las especificidades que se requieran, y los criterios y el procedimiento para establecer una zonificación de las masas de agua subterránea como medida de protección, a efectos del otorgamiento de autorizaciones y concesiones”.
Fuentes de presidencia de la Generalitat comentaron que el Consell acoge “con moderada satisfacción los cambios introducidos por el Ministerio en el decreto del Tajo” ya que se admite “la evaluación de la situación de ambas cuencas, tanto la cedente, en función de la situación de los caudales, como la receptora, de acuerdo a los resultados de las inversiones en el Segura”.
Además, “en 18 meses habrá una nueva planificación hidrológica”. Los cambios, por tanto, van “en la buena dirección”. El resto del acuerdo “se valorará con detalle y, llegado el caso, se podrán tomar otras vías, incluso legales, en aquellos puntos que no se ajusten a la posición del Consell en defensa del trasvase y de los regantes”.
Precisamente el Sindicato Central de Riegos anunció que llevarán el decreto al Tribunal Supremo, que pedirá medidas cautelares al juez en cuanto el plan se publique en el BOE y que seguirá con las movilizaciones ciudadanas.