Cerca de 80 colegios, reducir al mínimo la lista de espera en sanidad, duplicar los médicos de atención primaria... Son algunos de los ejemplos de Compromís para ilustrar qué podría hacer el Gobierno autonómico con un sistema de financiación acorde a las necesidades de la población. O lo que todavía no se puede hacer.
La formación insiste en la campaña 'Tracte Just', que trata de hacer pedagogía sobre tres conceptos claves para el desarrollo del sistema de derechos sociales en la Comunitat Valenciana: la infrafinanciación, la deuda derivada de ese modelo - 21.000 millones según el último estudio- y el déficit de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado en la Comunitat. Los representantes de la formación en distintas instituciones, Joan Ribó, Mónica Oltra, Àgueda Micó y Juliá Àlvaro, han insistido en estas líneas durante su presentación.
Para el nuevo modelo de financiación, que previsiblemente entrará en vigor en enero, Compromís propone nuevos indicadores que marcen la redistribución de recursos. Una forma de medir con un carácter más social, en la que no se tenga en cuenta sólo el número de habitantes, sino sus necesidades. Véase, el número de personas dependientes, de parados o de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Además, propone un cambio en el peso del Gobierno central en el consejo de política fiscal y financiera, en el que la Administración central tiene mayoría. “Montoro no puede ser juez y parte”, criticaba Mónica Oltra.
Otro de los puntos que señala Compromís para el cambio de modelo es que debe garantizar el cumplimiento del principio de suficiencia financiera. Es decir, que las comunidades autónomas sean capaces de pagar las competencias que asumen en pos del Estado de Bienestar -sanidad, educación y servicios sociales, principalmente-. “Es un principio constitucional -recuerda Oltra- y a veces parece hasta cómico pedir que se cumpla la Constitución”, comentaba la vicepresidenta del Consell, para señalar que existe una brecha entre los recursos que reciben las arcas autonómicas y los servicios que deben prestar porque son de su competencia. La balanza está inclinada a favor del Gobierno central, que tiene “más dinero que competencias”.
La campaña supone además una forma de buscar apoyos para la manifestación del 18 de noviembre, que suscriben todos los partidos salvo el PP, a la que recientemente se ha sumado la patronal de empresarios. Por el momento, la formación ha organizado más de 200 actos a pie de calle para que los ciudadanos conozcan qué se podría hacer con un modelo de financiación que proporcionara a los valencianos los recursos acordes al peso de su población. Con los 1.300 millones de euros para llegar a la media española.