El Gobierno valenciano detecta 62 personas que se saltaron el orden de vacunación, 10 de ellas cargos públicos

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha dado cuenta este martes del resultado de la investigación abierta sobre las vacunaciones irregulares, es decir, de personas que se han saltado el orden establecido según el Plan de Vacunación. De la información recabada se desprenden irregularidades en 233 casos cuya vacunación ha sido objeto de análisis por no estar en grupos de riesgo, aparentemente.

De ellos, 171 casos están justificados por haberse administrados dentro de los grupos y listados establecidos. Los 62 casos restantes se han investigado con más detalle para depurar responsabilidades.

Desde recursos humanos hay abiertos nueve expedientes informativos que se encuentran en fase de diligencias previas o en los que se ha solicitado más información: “Afecta en personal propio de la Conselleria que haya podido intervenir en el proceso y está sujeto a privacidad, de momento”.

De las 62 personas que han recibido vacuna sin corresponderles, 10 son cargos públicos y, por tanto, la información es de interés general. Se trata de los alcaldes de El Verger y Els Poblets (PSPV), quienes se vacunaron juntos el 8 de enero. La concejala de Sanidad de Dénia, Cristina Morera (PSPV), y algunos familiares, que se vacunaron el 12 de enero en residencia la Santa Lucía, como informó elDiario.es. Morera ya ha dimitido de su cargo.

También figura en la lista el dimitido fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta Merino, quien se vacunó el 29 de enero, tal y como reveló elDiario.es, en el centro de Salud 9 de Octubre, en una causa en la que también se investiga a la coordinadora del centro, que es la mujer de Cuesta, y a un enfermero. Barceló ha confirmado la desaparición de un vial con seis dosis en este centro. En todos estos casos hay diligencias abiertas por si fueran constitutivas de delito, y en tal caso se pondrían en conocimiento de la Fiscalía, que ya ha abierto de oficio una investigación para esclarecer este caso.

También figura en el listado Luis Rubio, alcalde de Villahermosa del Río (PP), administrador de la residencia en la que se vacunó, quien se incluyó en el listado que se remite a Salud Pública.

Francisco López López, alcalde de Rafelbunyol (PSPV), se vacunó el domingo 27 de diciembre con una dosis que sobró al final de la jornada. Barceló ha comentado que ha tenido conocimiento de un informe de Salud Pública sobre este caso, el cual ha solicitado.

El alcalde de Orihuela, Bernabé Cano (PP), se vacunó 6 de enero en residencia Savia con el concejal de Sanidad, José Galiana (PP), sin autorización para ello y sin figurar en los listados. A pesar de ello fue vacunado por el personal de la residencia, al que también se está investigando.

El diputado provincial, Juan Bautista Roselló (PP), se vacunó el 12 de enero porque estaba incluido en el listado que había facilitado la Diputación por el centro Doctor Esquerdo, titularidad de la Diputación. Al estar incluido, se ha archivado el expediente. Por último, figura en el listado Ángel Ribes, alcalde de Benlloch (PSPV), vacunado que figuraba en el listado de Salud Pública, por lo que debe seguir la investigación.

De todos estos casos se ha solicitado diligencias a Salud Pública para acotar los hechos y se aplicará si procede las sanciones previstas en ley 33/2001 de Salud Pública y en la ley sanitaria de la Comunitat Valenciana. Barceló ha destacado que estos 62 casos suponen un 0,046% del total de vacunas administradas, lo que da una muestra del mayoritario cumplimiento de los protocolos.

Sobre el suministro de la segunda dosis a estas personas, Barceló ha recordado que se ordenó no ejecutarlo inicialmente pero finalmente sí que se aplicará. El Comité de Bioética ha remitido primeras conclusiones al respecto del informe solicitado en las que se indica que la segunda dosis debería plantearse después que se haya aplicado a todos los grupos de riesgo que están recogidos y en todo caso a las seis semanas que es lo recomendado.