El Gobierno valenciano indemnizará hasta con 75.000 euros por violencia machista, pero debate a qué familiares se beneficiará primero

La Generalitat Valenciana quiere ampliar el concepto de víctima de violencia machista para lograr una equiparación efectiva con las víctimas del terrorismo y permitir que los familiares de la asesinada tengan derecho a las mismas prestaciones. La modificación que propone el departamento de Vicepresidencia, Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, incluye el derecho a indemnización por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente absoluta como consecuencia de la defensa de una víctima de violencia machista

El Ejecutivo autonómico aprobó el pasado marzo aumentar las ayudas y equipararlas con las de las víctimas del terrorismo, un compromiso suscrito en el pacto valenciano contra la violencia machista. En caso de muerte, las ayudas ascienden a 75.000 euros para los familiares, frente a los 6.000 que percibían antes de la entrada en vigor.

Con la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, que se debatirá la última semana de diciembre, se pretende ampliar las ayudas y el concepto de víctima a los familiares de la asesinada para que puedan percibir las indemnizaciones. Según el texto del Consell, se consideraría víctima de violencia machista, por ejemplo, a un padre que defendiera a su hija de su agresor y resultara herido, como ocurrió el pasado marzo en Castellón. El texto también reconoce el derecho a estas ayudas a la madre cuando el asesinato de los hijos se haya producido por venganza de su pareja o expareja. Anteriormente, la indemnización se destinaba a los hijos e hijas menores de edad que dependían económicamente de la víctima, así como a las personas tuteladas o acogidas dependientes económicamente de ella.

El texto propuesto por la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha levantado algunas críticas en el PSPV-PSOE, Podemos y varias agrupaciones feministas. La idea que plantea la vicepresidenta es que las indemnizaciones se destinen, en orden, a la persona cónyuge o a la que“mantenga una relación anómala siempre que no haya sido el causante de la muerte”, por delante de los hijos, progenitores y hermanos.

Polémica por el orden de las indemnizaciones

En el orden de percepción de las indemnizaciones es donde se encuentra el conflicto. Esas formaciones consideran que los hijos son víctimas de esta violencia y son ellos quienes deberían percibir la indemnización en caso de que su madre fuera asesinada. Podemos presentó una enmienda a la ley para situar el orden inverso, pidiendo que el primer beneficiario de las ayudas sea el descendiente de la víctima, seguido del ascendiente -es decir, los hijos o los padres de la mujer asesinada- y, por último, la pareja de la víctima, siempre que no haya sido el agresor. También Ciudadanos ha considerado enmendar esta cuestión siguiendo la línea de los morados y el PP manifiesta estar a favor de que se priorice a los hijos.

Desde el departamento de Oltra explican que están dispuestos a negociar esta medida y plantean que la indemnización se reparta a medias entre el cónyuge -de haberlo- y los hijos menores de edad. La vicepresidenta defiende que la pareja formal de la víctima es quien asume la tutela de los menores, el hogar familiar y la gestión de las deudas, además del daño sentimental que supone la pérdida por un asesinato.

Varias organizaciones feministas han iniciado en el portal Tribuna Feminista una campaña en contra de esta medida. Entre las firmantes hay decenas de colectivos, desde algunos conocidos como Dones Progressistes hasta 'Sisters from Australia'. Desde la plataforma han emitido un comunicado en el que, si bien aplauden el aumento de las prestaciones, manifiestan “la radical oposición a que se priorice en su percepción a la pareja actual de la víctima y de forma excluyente frente a los descendientes”. Seún el comunicado, “esta propuesta es contraria, no sólo a lo dispuesto en la Ley estatal 35/95 de ayudas a víctimas de delitos violentos, sino también al Convenio de Estambul y medidas contenidas en el Pacto de Estado de 2017, que enfatizan la necesidad de considerar víctimas directas a las hijas e hijos de las víctimas, incluidas las mortales, que además tienen una dependencia económica y emocional de sus madres asesinadas que en ningún caso cabe predicar de la pareja”.