El Gobierno valenciano de Mazón recurre al Constitucional el reparto de menores migrantes tras su pacto con Vox

El Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón se suma a otras autonomías gobernadas por el PP como Baleares y recurrirá al Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes aprobado por el Gobierno, una de las líneas rojas marcadas por Vox en su pacto con los populares para aprobar los presupuestos autonómicos.

La portavoz del Consell y vicepresidenta Susana Camarero ha anunciado este martes el recurso contra el real decreto ley 2/2025 del pasado 18 de marzo por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Según Camarero, supone una clara injerencia competencial en del Gobierno en la administración autonómica y además ha asegurado que el ejecutivo central tan solo aporta 1,2 millones de los 23 millones que invierte cada año la Generalitat para acoger a los menores no acompañados.

Según la también consellera de Servicios Sociales, el pasado año se atendieron en la Comunitat Valenciana a 900 menores migrantes siendo la media anual de entre 480 y 490 teniendo en cuenta que cuando cumplen la mayoría de edad salen del sistema de atención.

“Nuestros recursos están a un 160% y por lo tanto no tenemos capacidad para acoger a los menores que el Gobierno pretende trasladara la Comunitat Valenciana”, ha afirmado Camarero.

La portavoz ha explicado que “la mayoría de los menores llegan con edades entre 16 y 17 años por lo que entran y salen del sistema a lo largo del año; el año pasado acogimos a entre 90 y 100 por el cupo del Gobierno como mayores, muchos sin hacerles la prueba de edad”.

Camarero ha comentado que “el criterio es la solidaridad con Canarias, entendemos su situación desde octubre de 2023 que empezaron a llegar inmigrantes de forma más importante, pero estamos preocupados por la situación de nuestros centros y de nuestros menores que nos llegan por el cupo del Gobierno o por pateras, y queremos darles el futuro que se merecen y no podemos permitir que se hacinen”.

La vicepresidenta ha añadido que en 2024 incrementaron su capacidad en 122 plazas, hasta las 317 plazas actuales: “Nos ha supuesto seis millones de euros adicionales. Lo que no vamos a consentir es que se mercadee con los niños, utilizarlos como moneda de cambio como hace el Gobierno para sus pactos con Junts, que además es inconstitucional. Desde el Gobierno de España no han negociado con la Comunitat Valenciana y no podemos asumir el doble de lo que tenemos porque no podemos gestionarlo. Pretenden utilizar nuestras competencias sin darnos la posibilidad de gestionarlo, además es un parche”.

Camarero ha tirado a continuación del mantra de Vox sobre el supuesto efecto llamada para justificar el rechazo del Consell al nuevo reparto y ha criticado al Gobierno que “no se ha desplegado Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), están las mafias campando a sus anchas y no hay políticas con los países de origen, tampoco trabaja el Gobierno con la Unión Europea; es lamentable la capacidad del Gobierno para actuar”. Además ha insistido en que “hay un efecto llamada que obliga a repartir hoy a 4.000, pero mañana puede ser otros 4.000 por ese efecto llamada, por lo tanto, es un insulto a las autonomías y un parche”.

Camarero ha asegurado que han hablado con las entidades que gestionan estos centros y le han dicho que “es imposible” mantener los estándares de calidad en el sistema de protección: “No hay posibilidad de contar con infraestructuras, con centros de emergencias donde acoger estos menores. Cada centro no debe acoger a más de 50 menores. No se pueden establecer macrocentros. No podemos dar una solución de emergencia que pueda ofrecer esa formación con el presupuesto del Gobierno de España que ofrece 143 euros al día por menor. Cuesta 218 euros al día a la Comunitat Valenciana por menor porque los estándares de calidad aquí son superiores. Si tengo que buscar centros a 143 euros no pueden llegar a los mismos estándares de calidad, tendríamos menores de primera y de segunda. Además es que tampoco hay personal suficiente. Luego tampoco hay una política adecuada cuando cumplen 18 años que dejan de estar bajo el paraguas de la protección de la Generalitat”.