Una unidad de 40 personas velará para evitar desahucios de familias vulnerables en la Comunitat Valenciana, o en el peor de los casos para encontrar una alternativa habitacional que evite que se vean abocadas a vivir en la calle por falta de recursos.
Así lo ha explicado a elDiario.es el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, quien presenta el nuevo servicio público este mismo miércoles: “Se trata de un equipo multidisplinar que una vez funcione a pleno rendimiento estará integrado por 40 personas cuya misión será detectar de forma temprana situaciones de riesgo con el objetivo de estudiar soluciones antes de que llegue el momento del desalojo”.
Para lograrlo, Dalmau explica que se habilitará un número de teléfono específico que se hará público en breve al que los afectados podrán llamar o incluso comunicarse vía WhatsApp.
Según el vicepresidente, “el servicio empezará a funcionar en los próximos días y los ciudadanos tendrán comunicación directa con los servicios centrales que a su vez movilizarán a los territoriales para que adopten en cada caso la mejor solución posible”.
Dalmau recuerda que, pese a todo, solo desde la dirección general han dado respuesta a pie de calle a más de 400 casos de deshaucios desde que se creó la Conselleria de Vivienda hace dos años, 250 de ellos en los últimos 12 meses, por lo que prevén mejorar la respuesta con esta nueva unidad específica y sobre todo anticiparse para actuar con los servicios sociales y los judiciales antes del momento del lanzamiento para buscar la mejor solución posible.
Paralelamente y como complemento a esta iniciativa, Dalmau anuncia que este mismo miércoles remitirá un escrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos con la intención de solicitarle una reunión para pedirle una prórroga hasta el 31 de diciembre de la moratoria aprobada durante el estado de alarma por la que se impide realizar desahucios en los casos de familias sin alternativa habitacional.
Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo tal y como estaba previsto, momento en el que si no se aprueba una moratoria, podrían volver a ejecutarse desahucios: “Por la información que tenemos unas 40.000 familias podrían ser desalojadas de sus casas en toda España como consecuencia de la crisis si no se prolonga esta medida, al menos 4.000 de ellas en la Comunitat Valenciana”, comenta Dalmau.
El conseller de Vivienda también solicitará al ministro Ábalos mayor control en el cumplimiento de esta moratoria, ya que “en muchos casos, sobre todo por parte de los fondos de inversión, se ha incumplido y se ha tratado de ejecutar desalojos como se ha visto estas semanas en Torrent, Puebla de Vallbona o Alfafar”.
En este sentido, Dalmau reivindica el papel “fundamental” que debe desempeñar la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), “entidad que cuenta con miles de pisos vacíos y que ha costado 54.000 millones de euros, de los cuales 35.000 millones ya han pasado a formar parte de la deuda pública española”.
Para Dalmau, “estas viviendas vacías deben cumplir una función social y para ello se deben estudiar los mecanismos necesarios para movilizarlas con fines sociales”.
El vicepresidente destaca, por último, las ayudas al alquiler habilitadas de forma urgente para familias que no podían hacer frente a los pagos: “Hemos sido la primera autonomía en implementar estas ayudas y todas las que se han solicitado han sido concedidas hasta un montante de 37,5 millones de euros repartidos entre 22.000 familias, el doble que en 2018”.
Según Dalmau, “la Comunitat Valenciana ha pasado de ser reconocida por la corrupción del PP en materia urbanística a destacar por las políticas de vivienda pioneras en materia social”.