La Comunitat Valenciana registró en el mes de mayo un incremento mensual del 1,2% en el mercado libre de viviendas en alquiler y del 10% interanual, lo que sitúa el precio medio del metro cuadrado en 12,29 euros al mes en mayo, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. El actual Gobierno valenciano del PP y de Vox parece haberse sumado a la burbuja de los alquileres, eso sí, con viviendas públicas que en teoría deberían ser para alquiler asequible y financiadas por el Gobierno con cargo a fondos europeos.
Así se desprende de los pliegos de los dos lotes que impulsó el anterior Gobierno del Pacto del Botánico, cuyo objetivo era la cesión a promotoras privadas de derechos de superficie sobre parcelas públicas, tanto de la Generalitat Valenciana como de los ayuntamientos, por un plazo máximo de 75 años, para la construcción de viviendas protegidas.
En mayo del pasado año, poco antes de las elecciones autonómicas, la entonces Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de l´Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), adjudicó a la UTE formada por la firma de desarrollo, inversión y gestión inmobiliaria Urbania y la promotora Visoren, el concurso de derecho de superficie de 17 parcelas para la promoción, construcción y gestión de 1.090 viviendas de protección pública energéticamente eficientes en régimen de alquiler social. Según los pliegos, el precio máximo del metro cuadrado de estos alquileres será de 7,5 euros. Entre otras localidades, están previstas en València o Gandia.
Sin embargo, el segundo de los lotes, licitado un año después por el actual ejecutivo que preside Carlos Mazón, establece 721 viviendas con precios de entre 6 euros y 10,5 euros por metro cuadrado, este último precio para las viviendas previstas en Benidorm, La Vila Joiosa y València. En este caso, los incrementos alcanzarían en un año el 40% con respecto a las más caras del primer lote y se quedan a tan solo dos euros del precio medio en el mercado de renta libre.
Este primer movimiento hace temer un incremento en los precios de los módulos por los que se rigen las viviendas públicas dentro del reglamento de vivienda de protección pública que tiene previsto aprobar la Conselleria de Vivienda.
El Plan Vive, presentado por Mazón el pasado 2 de abril, reciclaba la promoción de 3.000 viviendas del anterior Ejecutivo, financiadas con fondos europeos y con ayuda del Ministerio de Vivienda -antes, Transportes e Infraestructuras- y encomendaba las restantes a la gestión público-privada. En concreto, establece el concurso de derechos de superficie o concesión administrativa destinado a desarrollar por el sector privado promociones para alquiler asequible por un período determinado.
La diputada socialista, María José Salvador, responsable de Vivienda en el Consell del Pacte del Botànic, ha criticado que “Mazón incrementa al máximo el precio de la vivienda pública en una zona tensionada como es València ciudad”. Con ello “contribuye desde la administración pública a la burbuja del alquiler al incrementar tres puntos el precio por metro cuadrado respecto del primer lote adjudicado por el Botànic solo un año después”. Además, ha añadido que “en una ciudad tensionada como es València, desde la administración no se está garantizando el derecho a una vivienda asequible y tampoco se limitan los precios del alquiler como manda la ley estatal”. Por este motivo ha exigido a Mazón que revise “los pliegos, baje el precio del metro cuadrado y promueva vivienda asequible”.