El Gobierno valenciano perdona a Sanitas 47,6 millones de la deuda del hospital privatizado de Manises

La coalición Compromís denuncia que el gobierno de Carlos Mazón perdona a Sanitas, empresa que gestiona el hospital privatizado de Manises, cerca de 47 millones de euros de las liquidaciones por el servicio de salud.

El partido valencianista se basa en el informe de fiscalización que anualmente realiza la Sindicatura de Comptes, donde destina un apartado a las concesiones sanitarias y a las liquidaciones pendientes con la Conselleria de Sanidad, la diferencia entre lo inicialmente abonado por el sector público y el coste real de los servicios, con las compensaciones administrativas penitentes. El cálculo se realiza cada año en función de unos criterios marcados por la Administración y trasladados a las concesionarias, que habitualmente han terminado en los tribunales administrativos.

Según explica el diputado Carles Esteve, el gobierno de PP y Vox ha cambiado sin reunir a la comisión mixta encargada de la materia los criterios que establecen las liquidaciones. Se trata de las cuentas de los ejercicios de 2009 y 2010. Aquello que en abril de 2022, cuando gobernaba el Botánico, según los cálculos de la conselleria, daba un resultado a favor de la administración pública de 69,8 millones de euros, al producirse el cambio de gobierno se ve rebajado a solo 22,2 millones de euros, lo que supone perdonarle a Sanitas 47,6 millones, sin ninguna justificación, denuncia el diputado.

El informe de la Sindicatura de Comptes advierte que en 2023 se han aprobado las dos primeras liquidaciones de los ejercicios 2009 y 2010 de la concesión del departamento de Salud de Manises, que ascienden a 22,2 millones de euros a favor de la Administración, un importe “muy inferior al estimado por la Consellería en los últimos ejercicios, en los cuales se aplicaba un criterio más amplio en la facturación de la libre elección a favor de la Administración”. El pasado año se aprobaron ocho liquidaciones, por un importe total de 164 millones de euros a favor de la administración; todas han acabado en los tribunales.

El informe del órgano estatutario apunta que este cambio “introduce una incertidumbre sobre el impacto de los derechos y obligaciones pendientes de reconocer en la Cuenta de la Administración”. En 2024, continua el documento, está prevista la finalización de los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral de los departamentos de salud de Dénia (31 de enero) y de l'Horta-Manises (6 de mayo). El departamento que dirige Marciano Gómez ha comunicado a las concesionarias su intención de no prorrogar los contratos y ha facilitado las normas de reversión un año antes de la finalización prevista, tal como prevén los pliegos de cláusulas administrativas.

Desde la Conselleria de Sanidad afirman que el informe afecta al periodo de gobierno del Pacto del Botánico, aunque la Sindicatura haga referencia al presente ejercicio. Según apuntan, las liquidaciones se aminoraron por los anteriores gestores en cumplimiento de una sentencia judicial relativa a los ejercicios 2009 y 2010. La portavoz de Sanidad del PP valenciano, Nieves Martínez, indica que “en 2018 fue nada menos que el Tribunal Supremo el que enterró el plan de la consellera de Sanidad Carmen Montón para calcular las liquidaciones a las concesiones sanitarias. El Tribunal Supremo rechazó el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Valenciano que avaló la forma de calcular las liquidaciones planteadas por el departamento de salud de Manises, gestionado por Sanitas”.

La parlamentaria popular denuncia que “parece que Compromís ignoraba la gestión del PSPV a pesar de estar ambas formaciones en la misma Conselleria de Sanidad. De hecho, las cifras a las que alude cuando habla de 69’8 millones a favor de la Administración son las que le daba la entonces consellera Barceló, a sabiendas de que eran falsas y se iban a reducir drásticamente al tumbar los tribunales los criterios de Montón”. Por último, asevera que “los 47,6 millones no se perdonan, sino que se rebajan por sentencia por tumbar unos criterios que a juzgar por la reducción en millones eran abusivos y la gestión de esas liquidaciones una práctica escandalosa, en palabras del propio diputado de Compromís”. Así, indica, “la Conselleria de Sanidad, gestionada en 2022 por el Botànic tuvo que ejecutar la sentencia y ajustar las liquidaciones como se deberían haber practicado inicialmente, según establecía la sentencia”.

El diputado de Compromís sostiene que el cambio de criterio es actual: “Gracias al informe de fiscalización anual de la Sindicatura de Comptes hemos podido tener constancia de una práctica escandalosa que desde Compromís ya avanzamos que pasaría, atendiendo a la trayectoria del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, de beneficiar a ciertas empresas en detrimento de nuestra sanidad pública”, indica el parlamentario de Compromís. El propio Gómez indicó en una comisión parlamentaria que “no se perderá ni un céntimo” en la reclamación a Ribera Salud y Sanitas, pero su departamento rebajó la deuda en 300 millones, asegurando que ya se ha pagado la mitad de lo adeudado.

“A pesar de haber pedido por activa y por pasiva toda la documentación al respecto y haber presentado las preguntas parlamentarias pertinentes sobre las liquidaciones de las concesionarias de los departamentos sanitarios privatizados, la conselleria ha mantenido una opacidad máxima al respecto. Ahora gracias a la Sindicatura conocemos qué está pasando realmente”, continua el parlamentario valencianista. La coalición ha reclamado la comparecencia del titular de Sanidad: “Queremos que dé explicación de cuáles son los criterios que han cambiado para que condone esta deuda millonaria y que pasará ahora con los 303,3 millones de euros que Sanitas todavía le debe en la Generalitat solo de los ejercicios que van del 2011 al 2020, porque nos tememos que el perdón de la deuda todavía puede llegar a ser mayor por la manera de gestionar de esta conselleria”, denuncia el valencianista.