Empezaron con el Aita Mari, pero el Gobierno valenciano ha iniciado una catarata de reclamaciones de tasas portuarias a otros nueve barcos de rescate humanitario que atracaban en los puertos públicos autonómicos de Vinaròs, Burriana o Benicarló. La Agencia Tributaria Valenciana reclama ahora decenas de miles de euros a los barcos y sus entidades Open Arms, Sea Punks, Louise Michel, Sea Watch, Sea Humanity, Mission Lifeline, Resq People, SOS Humanity y Salvamento Marítimo Humanitario, que han rescatado a miles de personas de morir ahogadas en el Mediterráneo.
El próximo lunes 9 de septiembre, el director general de Puertos de la Generalitat valenciana, Marc García, se reunirá con el Aita Mari para abordar la situación, aunque el proceso tributario continúa su curso y la entidades deben abonar lo reclamado por la administración y después recurrir. “Aquí se aplica la normativa en vigor. Existe una exención cuando los barcos que atracan en nuestros puertos hacen rescate humanitario. Si estos barcos justifican que estaban haciendo tareas de salvamento y todo lo necesario para hacerlo, no se les cobra. Pero si los barcos han estado parados tres meses no estarían en el supuesto legal”, explican a elDiario.es fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente.
Fuentes del Aita Mari explican a elDiario.es que la situación es muy complicada, porque al haberse iniciado el requerimiento fiscal la entidad tiene que abonar sí o sí los más de 60.000 euros y luego esperar a la resolución del recurso. “La Generalitat puede argumentar que no hubo un desarrollo del reglamento del anterior Consell, pero no puede implicare que haya que pagar de manera retroactiva cuatro años”.
El Consell del Botànic, formado por PSPV y Compromís, liberó a los barcos de ayuda humanitaria de pagar las tasas portuarias cuando atracaban en puertos públicos de la Generalitat Valenciana para trabajos de avituallamiento, reparaciones o descanso de personal. Pero la exención de estas obligaciones no quedó suficientemente amarrada administrativamente y el nuevo Consell de PP y Vox, ahora sin la extrema derecha, inició los trámites para reclamar estas tasas a partir de 2021 “aplicando la normativa”. En el caso del Aita Mari, un montante de más de 60.000 euros.
L’Aurora, un coletivo de 16 entidades sociales que hoy se ha concentrado ante la Generalitat para protestar por los sucedido, ha denunciado la “inseguridad jurídica” que esta actuación ha generado y alerta de que los barcos humanitarios dejarán de llegar a la Comunitat Valenciana porque “ya no es tierra de acogida”.
Desde la Conselleria de Medio Ambiente defienden su gestión. “El Gobierno del Botánico decidió dejar de cobrar estas tasas a determinadas entidades. Lo hizo con una una decisión sin amparo legal en la que se limitaba a dejar caducar los diferentes expedientes, lo que generaba un problema de seguridad jurídica al cuerpo funcionarial”, han argumentado. Según las mismas fuentes, “lo que se ha hecho ahora es regularizar la situación que carecía de soporte administrativo y aplicar la misma ley. En ningún caso se ha modificado la normativa con el decreto de simplificación administrativa en este sentido, que simplemente se limitó a actualizar las tasas de luz y agua a abonar”.
Por otra parte, desde la Conselleria de Medio Ambiente replican que en otros puertos de la Comunitat Valenciana que dependen del Gobierno no se aplica ningún tipo de exención ni cuando se realizan las tareas de salvamento.