La Conselleria de Servicios sociales ha trasladado un centro de acogida de menores tutelados en situación de emergencia del barrio del Cabanyal a un hotel ubicado en un polígono industrial de Riba-roja de Túria, a varios kilómetros de la localidad. La decisión para que sean atendidos estos menores de entre 14 y 18 años ha enfrentado a vecinos, ayuntamiento y la Generalitat y ya ha servido de combustible para bulos racistas.
Según una resolución firmada por la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, este centro se habilita con una autorización “de emergencia” y dentro de los “supuestos excepcionales” con una capacidad para 24 usuarios para acoger así a los menores que “en su proceso de socialización se encuentran en conflicto grave con su medio familiar”. Estos menores provienen de la Residencia socioeducativa El Cabanyal de València, que va a someterse a obras, por lo que esta autorización se realiza por un periodo de dos años y prorrogable. Actualmente y desde este verano, son 9 los menores usuarios que se encuentran acogidos en este centro.
Los vecinos de la Urbanización de la Reva, la más próxima a la zona, se han quejado de esta elección afirmando que se trata de una zona industrial junto a una gasolinera y un hipermercado, por lo que lamentan que “los chavales no van a poder integrarse ni socializar en un polígono industrial”. También se quejan de que no se haya informado a los vecinos y cuestionan la legalidad de la elección de la ubicación.
El Ayuntamiento de Riba-roja también se ha quejado de la falta de información por parte de la Generalitat a la que señala de haber actuado de forma unilateral. Así explican que los concejales de Actividades, José Luis Ramos, el concejal de Urbanizaciones, Rafa Gómez y la concejal de Seguridad Ciudadana, Raquel Pamblanco, se han reunido con los vecinos junto a personal técnico municipal de las áreas de Policía Local y Políticas Inclusivas, con objeto de dar cuenta de los trámites realizados hasta la fecha referente a este asunto.
Tras un encuentro inicial señalan que fue posteriormente cuando la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia, Angélica Such, llamó al alcalde, Robert Raga, para informarle sobre la instalación del centro y en esta llamada el alcalde le explica el malestar vecinal que ha generado la noticia, instándola a dar explicaciones a los vecinos y vecinas.
El Ayuntamiento explica que realizó las pertinentes comprobaciones del uso y licencia de actividad del establecimiento, y que el ingeniero municipal se reunió con los propietarios del inmueble y ratificó que el hotel “cumple las exigencias requeridas por parte del Ayuntamiento de Riba-roja y dispone de documentación la regla para la actividad”.
En la Orden de 19 de junio de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la tipología y condiciones materiales y de funcionamiento de los Centros de Protección de Menores, en la Comunitat Valenciana se señala que los centros deben “favorecer la convivencia, garantizar los derechos básicos de los niños y adolescentes, mejorar su calidad de vida, facilitar su desarrollo personal e integral y propiciar su participación e integración social”. En cuanto a sus condiciones materiales apuntan que “deberán estar integrados en áreas salubres, preferentemente en suelo urbano, salvo que razones de proyecto educativo aconsejen y justifiquen otro emplazamiento más adecuado en función del tipo de actividad y atención que requiera el menor”.