Los grandes proyectos, esas “fábricas del siglo XXI” que, según dijo en su momento el expresidente Francisco Camps, debían ser los motores del progreso de la sociedad valenciana, han sido un enorme fracaso. La política en ese sentido promovida por los sucesivos presidentes del Consell durante la larga etapa de hegemonía del PP, desde Eduardo Zaplana hasta Alberto Fabra, ha dejado una pesada herencia. El informe de la Intervención General de la Generalitat sobre las auditorías a las empresas, entidades y fundaciones públicas del ejercicio de 2014 (el último completo gestionado por el PP), que el pleno del Consell, ahora presidido por el socialista Ximo Puig, conoció en el pleno del pasado miércoles día 23 es un reflejo de ese desastre.
Tres de las sociedades ligadas a esos “grandes proyectos” no cuentan con opinión de los auditores porque estos rechazan explíctamente aportarla debido a las dificultades que presentan sus cuentas. Se trata de Aerocas, la empresa pública del aeropuerto de Castellón, de Ciudad de la Luz y de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Esta última, en realidad, engloba a las otras dos, que dependen accionarilamente de ella y lastran su funcionamiento y su pretendida liquidación, en un caso, como señaló la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, porque no se veía “la rentabilidad potencial de la infraestructura” (hoy ya en funcionamiento), y en el otro porque una resolución de la Unión Europea obliga a subastar los estudios cinematográficos de Alicante al haber incurrido en una ayuda de Estado, es decir, una vulneración de la libre competencia en su construcción y puesta en marcha.
Sin embargo, esos no son los únicos lastres sobre Proyectos Temáticos. Así, la auditoría a la empresa pública destaca que en el epígrafe de “inmovilzado material”, se recogen “los costes incurridos por la puesta en marcha y obras de proyectos en los que no se han realizado inversiones desde ejercicios anteriores o que están paralizados actualmente, por importe total de 25,9 millones de euros”. Oltra explicó en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que esa cantidad se refiere a proyectos no ejecutados, como la Ciudad de las Lenguas y el Centro de Convenciones de Castellón, diseñado y cobrado por el arquitecto Santiago Calatrava.
Pero la Intervención General añade que ese “inmovilzado material” también “incluye 209 millones de euros (221 millones de euros al cierre del ejercicio anterior) correspodnientes al valor neto contable de los terrenos, infraestructuras y construcciones del Área del Parqute Temático Benidorm-Finestrat (Terra Mítica), del PEDUI Ciudad de la Luz y del Auditorio Conservatorio de Música de Torrevieja, principalmente, asociados a actividades que actualmente no generan ingresos suficientes para la sociedad”.
En efecto, el parque de atracciones Terra Mítica, que fue el primer “gran proyecto” de la era del PP, no solo fue una ruina en sí mismo, sino que ha dejado una herencia inducida. La Generalitat, con el cambio de color político tras las elecciones autonómicas del año pasado, inició las gestiones para cobrar 2,5 millones de euros que el PP no cobró a adjudicatarios de suelo en el entorno del parque, en su mayor parte al hacer intercambios del pago del canon por entradas o por el uso de instalaciones. El actual Consell quiere sacar rendimiento a unos terrenos que pesan sobre sus cuentas.
“La situación de la sociedad, la realidad económica y técnica de estos proyectos y el hecho de que su ejecución dependa en parte de factores y decisiones externas”, indica la auditoría, “son indicios de deterioro de valor de estos activos”. Y concluye que la Sociedad de Proyectos Temáticos “debería haber estimado los importes recuperables de estos activos efectuando las correcciones valorativas que procedan”.