Una providencia dictada fuera de plazo por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha tumbado la investigación contra una presunta trama de blanqueo de capitales de la mafia rusa en la costa valenciana. La operación Testudo, coordinada por el grupo de blanqueo de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, fue el golpe más importante de la última década contra el crimen organizado del Este asentado en localidades como Benidorm y Altea y que contó con la asistencia de Europol. Sin embargo, la jueza ha dictado el sobreseimiento libre, que supone en la práctica una absolución, y el archivo de la causa para casi una veintena de los imputados.
La magistrada dictó una providencia el 27 de septiembre del 2021 para que declararan en calidad de imputados, una resolución que fue recurrida en apelación. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante estimó los recursos a consecuencia del grave error de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm: la providencia había sido “acordada fuera de los plazos perentorios de la instrucción”, según indica un auto de la jueza al que ha tenido acceso elDiario.es.
La magistrada no prorrogó el plazo de instrucción de las diligencias, dando pie a las defensas a solicitar el sobreseimiento libre para gran parte de los investigados. Entre los agraciados figura el agente de la Guardia Civil Marcos Rodríguez Capón, al que la instrucción consideraba un presunto “miembro más” de la red.
El auto también decreta el sobreseimiento libre para, entre otros, el edil de Seguridad Ciudadana de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, al que ya se le había sobreseído provisionalmente la causa. Al exconcejal y expresidente del PP de Altea Jaime Sellés, ya se le había sobreseído la causa el pasado mes de febrero.
La investigación pinchó llamadas telefónicas entre el político popular y el presunto líder de la trama, el joven abogado y empresario Alexey Shirokov, también militante del PP.
La resolución también decreta el sobreseimiento libre para el empresario ruso Mikhail Danilov, quien ha realizado viajes a España en compañía de Levan Dazhangveladze, hermano y hombre de confianza del Ladrón de Ley Merab Dazhangveladze, según las pesquisas policiales.
La investigación también señalaba que Danilov estaba presuntamente relacionado con Boris Ivanyuzhenkov y Maxim Lalakin, dos líderes del Sindicato del Crimen Podolskaya. Con Ivanyuzhenkov mantenía “constantes conversaciones telefónicas” y con Lalakin había viajado a España.
Danilov estaba imputado en la causa por la adquisición junto con su esposa Yulia Alekseeva —para la que también se ha dictado el sobreseimiento libre— de una vivienda de lujo en Altea con fondos provenientes de una entidad bancaria suiza. La Policía catalogaba al hombre como un empresario utilizado por la criminalidad organizada rusa para blanquear los beneficios de sus delitos mediante su fachada legal.
Red de blanqueo
La investigación de la operación Testudo, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, detectó el transporte de grandes cantidades de dinero en España “hacia y desde el extranjero, especialmente Rusia”, según uno de los primeros autos que dictó la magistrada. La presunta red movía “sustanciosas cantidades monetarias entre España y Rusia sin llamar la atención de las autoridades” para invertirlo posteriormente en los sectores del ocio, de la hostelería e inmobiliario de la costa valenciana, especialmente en localidades como Benidorm o Altea, en un contexto de declive de la burbuja inmobiliaria.
En otro auto posterior, la jueza detallaba la “forma piramidal” de la supuesta organización criminal. Así, el primer nivel lo conformaban “empresarios rusos reconocidos en su país de origen, usados por las organizaciones criminales exsoviéticas y vinculadas a ellas y a sus miembros para poder llevar a cabo sus negocios sin despertar sospechas”. “Sirviéndose”, agrega, “de una fachada de hombres de negocios de prestigio por todo el mundo”.
Los supuestos fondos ilícitos provenían de la cúpula del crimen organizado ruso de “alto nivel criminal”, según datos de inteligencia policial de Europol. El grupo de blanqueo de capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante detectó “movimientos extraños” de capital por parte de ciudadanos rusos afincados en la costa valenciana, que recibían grandes transferencias de sociedades extranjeras “cuyos orígenes no estaban suficientemente justificados” y que provenían, presuntamente, del crimen organizado. Concretamente de hampones de los grupos Vory V Zakone (Ladrones de Ley) y del Sindicato del Crimen Podolskaya.
Por debajo, la instrucción situaba a presuntos blanqueadores que, mediante empresas pantalla (y “a sabiendas de la ilegalidad del origen del dinero”) ejecutaban las operaciones de lavado de los presuntos fondos ilícitos. En el siguiente escalón de la pirámide, la jueza colocaba a los supuestos testaferros y transportistas del efectivo.
En el escalón más bajo de la pirámide estarían situados funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, a cambio de dinero o de otros favores, colaboraban con la presunta trama. La presunta red del hampa del Este, tal como informó este diario, compró a policías y guardias civiles para labores ilegales de seguridad y cobro de deudas, según la instrucción.