Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado esta semana en Marina Greenwich, un pequeño puerto deportivo privado de Altea (Alicante), donde han localizado dos yates que sospechan podrían ser propiedad del exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Las embarcaciones, según fuentes de la investigación, están a nombre de una empresa francesa y de un particular, que la UCO cree que podrían ser testaferros del político que este jueves ha sido enviado a prisión provisional y sin fianza tras negarse a declarar tras ser detenido en la Operación Erial.
Los agentes se personaron en las oficinas de Marina Greenwich para solicitar información sobre los dos yates, ambos atracados en el puerto deportivo, y estuvieron recabando datos durante más de ocho horas. La UCO indaga en los movimientos de las embarcaciones, entradas y salidas a puertos, y las personas que hubieran utilizado los barcos en los últimos años. Los agentes persiguen la identidad de los yates desde hace dos años, poco después de iniciarse la investigación.
Una de las embarcaciones tiene veinte metros de eslora y está a nombre de una sociedad francesa. Por otra parte, el titular del otro yate -de 15 metros- es un particular, de quien se sospecha podría ser un testaferro del expresidente de la Generalitat. Los barcos no han sido registrados todavía a falta de obtener más información sobre su propiedad real. Los agentes sospechan que habrían sido adquiridos con dinero opaco a la Agencia Tributaria.
Marina Greenwich es uno de los puertos deportivos más lujosos de Altea. Los propietarios de las instalaciones reivindican ser el único puerto del mundo situado en el meridiano 0, por eso han elegido el término Greenwich. Con la llegada de la Operación Erial a sus aguas y oficinas, Zaplana los podría haber convertido en la zona 0 de la investigación.
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción trabajan a marchas forzadas para localizar el patrimonio ilícito que podría haber amasado Eduardo Zaplana durante su trayectoria política, donde ningún año superó los 100.000 euros de ingresos lícitos. De momento, fuentes de la investigación apuntan a que tiene más de diez millones de euros en fondos en paraísos fiscales fruto del presunto cobro de comisiones. Pero los agentes intentan también localizar inmuebles que pudieran tener a nombre de terceras personas a parte de los dos que tiene declarados, el chalé de Benidorm y el piso de Madrid.
Cabe recordar que quienes son considerados sus testaferros, el matrimonio Joaquín Barceló y Felisa López tienen cuatro inmobiliarias y tres constructoras. Los dos yates son otros bienes que el político podría haber adquirido de esas operaciones ilícitas que ahora investiga el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y por las que está en prisión provisional.