La operación Erial continúa abierta y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúan con las pesquisas. De la misma manera que la jueza, que ha citado la semana que viene a declarar en calidad de investigadas a Rosa Barceló y Mitsuko Hernándiz, esposa y secretaria personal de Eduardo Zaplana, respectivamente, y al exdirector general de la policía con Aznar y tío de dos de los detenidos, Juan Cotino.
Pero los interrogatorios no solo los realiza la jueza y el fiscal Anticorrupción. Los agentes de la UCO llevan toda la semana interrogando a personas del círculo más cercano a Zaplana para conseguir más datos sobre el posible patrimonio no declarado al fisco por el expolítico valenciano, según fuentes conocedoras de la investigación. La Guardia Civil ha tocado a personas cercanas al exministro que les pudieran ayudar en la investigación, dar nuevas pistas o abrir nuevas líneas de investigación.
Los agentes también se han vuelto a dirigir a la Conselleria de Economía para ampliar la información recabada sobre el Plan Eólico. De hecho, han estado en el archivo general de la Generalitat que se encuentra en un polígono industrial de Riba-roja. La semana que viene seguirán con la incautación de esta documentación. Al parecer, sobre las ITV los investigadores ya tendrían todos los expedientes al completo.
Por su parte, en los autos en los que ha decretado prisión para Eduardo Zaplana, su asesor Francisco Grau y el presunto Testaferro, Joaquín Barceló, la jueza instructora ya apunta a cuatro empresas a través de las que se habría canalizado el cobro de comisiones y mediante las cuales se habría intentado repatriar el dinero cobrado en un principio en el extranjero.
Se trata de Inmisión Internacional SA, una empresa “instrumental” y posiblemente radicada en el extranjero a través de la cual se habría realizado el pago de la comisión efectuado según los investigadores por la empresa Sedesa -coadministrada por los dos detenidos Vicente y José Cotino- a cambio de una adjudicación del Plan Eólico en 2003. En total, unos 6,4 millones de euros que se encontrarían en Luxemburgo y que se habrían intentado repatriar a través de tres empresas españolas con sede en Alicante y Benidorm.
Estas sociedades a las que apunta la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia son las inmobiliarias Medlevante SL y Gesdesarrollos Integrales SL, ambas administradas y propiedad de Joaquín Barceló, y la asesoría fiscal Turnis Sylvática SL, administrada por una mujer que todavía no está investigada, pero que antes era administradora de Gesdesarrollos Integrales SL.
“De forma contemporánea a la salida de fondos de Luxemburgo, se habrían estado produciendo una serie de movimientos solitarios (constitución de empresas, cambios de titularidad, etc.)” que supuestamente se habrían realizado para “el propósito finalista de posibilitar el retorno de estos fondos y la puesta a disposición o bajo el control de los destinatarios finales”, explica la jueza.
La operación empresarial por la que Sedesa habría pagado comisiones a Eduardo Zaplana fue más que redonda para todas las partes. La empresa de los Cotino constituyó al 20 % con Endesa (55 %) y Bancaja (25 %) Proyectos Eólicos Valencianos SA y ganó en 2003 la concesión para construir parques de aerogeneradores en varias zonas del interior de la Comunitat Valenciana.
En 2009 vendió la mayoría de parques de producción de energía eléctrica a Corporación Acciona Eólica SL por 104 millones de euros. El volumen de los beneficios de esta operación se observa en los resultados de Proyectos Eólicos Valencianos SA en 2009, que pasaron de ganar 3 millones un año antes a 85,3 en ese ejercicio. Un pelotazo en toda regla gracias al Plan Eólico que ahora se investiga.