La guerra en la cúpula de Policía Local de València se recrudece: tribunales impugnados, multas judiciales y jubilaciones en el aire

A dos semanas de la jubilación del jefe, la Policía Local de Valencia está hecha un polvorín. Cada paso que se da inquieta a la cúpula, con todos los mandos pendientes de las decisiones que se abordan en el consistorio. El comisario principal jefe, José Vicente Herrera, hombre de máxima confianza del PP valenciano, debería dejar su cargo el 1 de abril –al cumplir los 65 años– y abrir la vía de su sucesión, con la mitad del primer escalón del cuerpo en situación de interinidad, una querella pendiente contra él y el tribunal (que debe evaluar a sus mandos en la última oposición) recurrido por al menos dos vías.

Apurando el plazo para la sucesión, el Ayuntamiento aborda el proceso de renovación de la cúpula, que aún bebe de los mandos que crecieron profesionalmente en la etapa de Rita Barberá, en plena investigación al jefe de la Policía. Los recambios en la élite de la Policía Local llevan más de una década pendientes y arrastrando conflictos, que han terminado con la práctica totalidad de los mandos en los tribunales, entre demandantes, demandados y afectados. Prácticamente toda la cúpula se encuentra enfrentada y con recelos cruzados. Ahora, también el tribunal que tiene que examinar a los aspirantes al primer escalón está cuestionado por varias vías, con al menos dos recursos presentados: uno del sindicato Comisiones Obreras; otro de un comisario principal.

El pasado junio el consistorio inició el proceso de oposiciones para cubrir tres vacantes de comisarios principales, la categoría que debe tener el jefe de Policía Local. Además de Herrera, solo hay otros dos comisarios principales con la plaza en propiedad, uno de ellos con problemas de salud que prácticamente lo excluyen de la quiniela para la sucesión. Los tres restantes cubren la plaza gracias a un proceso de mejora que ha sido impugnado en dos ocasiones; el primero, en 2021, tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana; el segundo, repetido en 2023, se encuentra en plena instrucción judicial. Dos comisarios, suspendidos en la prueba, presentaron dos querellas contra el jefe y otros dos comisarios principales, parte del tribunal que los evaluó junto a seis compañeros más.

Los mismos comisarios que optaron a las pruebas impugnadas se presentan ahora a la oposición para obtener la plaza en propiedad en uno de los cuerpos locales mejor pagados, con salarios que rozan los 100.000 euros anuales, en una escala que los posiciona para ser el próximo jefe. Y todos recelan del tribunal que tiene que evaluarlos, del que se ha autoexcluido Herrera, al que en la querella acusan de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y malversación. En su lugar, se ha elegido al jefe de policía de Elche como presidente del tribunal, uno de los comisarios principales que podrían tomar el mando en València en caso de que el conflicto se enquiste.

Pese a que el concurso–oposición arrancó en verano, no ha sido hasta principios de marzo, a un mes de la jubilación de Herrera, cuando el Ayuntamiento ha nombrado al tribunal que debe evaluar a estos mandos. Lo componen los comisarios principales de Alicante, Elda y Elche, en un proceso del que también recelan los sindicatos: deja de lado a los responsables de Valencia, saltándose el criterio de proximidad. Las razones de esta pausa son una incógnita, pero algunas hay que buscarlas en el juzgado que investiga el presunto amaño de los últimos exámenes a los altos mandos. La Fiscalía Anticorrupción sigue muy de cerca el proceso, en el que algunas pruebas periciales apuntan a indicios de manipulación en las actas de evaluación.

El sindicato CCOO duda de la validez del acuerdo y apunta que no se ha realizado el sorteo para elegir a los miembros del tribunal que nombra el Ayuntamiento de València, algo que cuadra con el proceso impugnado –solo un mando puede ocupar este lugar–, y tampoco consta que la Agencia de Emergencias haya hecho lo propio con sus representantes. CCOO ha pedido la documentación que acredite que el nombramiento del tribunal se ha hecho conforme a la norma, reclamando a la Agencia Valenciana de Emergencias las actas del sorteo de los vocales de los órganos de selección. En paralelo, el comisario principal Fernando Giménez Oñate, uno de los beneficiados por el proceso de mejora impugnado y que aspira a consolidar su posición con esta prueba, también habría recurrido la composición del tribunal, según ha podido saber elDiario.es.

Los mandos se preguntan por qué tanta prisa, en plenas fallas, y en vísperas de la jubilación, para reanudar un proceso que llevaba meses paralizado desde el último intento por reactivarlo. También recelan de que se haya incorporado al jefe de Policía de Alicante, José María Conesa, a este tribunal. Las últimas oposiciones bajo su mando terminaron en Antifraude por beneficiar a agentes afines a la cúpula y al ayuntamiento: 60 de las 90 mejores notas eran amigos, familiares o estaban directamente vinculados con el consistorio. Para más inri, el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, acaba de decretar la jubilación forzosa de Conesa, que pretendía estirar su actividad hasta 2027, lo que podría alterar el órgano de selección. Junto a la jubilación del jefe de Xàtiva, en situación similar a València, el movimiento se interpreta como un aviso a Herrera.

Multas judiciales

En paralelo al proceso de renovación, el juzgado que investiga el amaño de las pruebas por la vía administrativa ha abierto una pieza separada para imponer sanciones al Ayuntamiento por no aportar los expedientes completos sobre el examen que recurrieron dos comisarios. El contencioso propone una multa de hasta 1.200 euros contra un funcionario al que el consistorio señala como responsable del bloqueo y le da diez días para alegar, en el enésimo requerimiento que la jueza ha realizado desde diciembre.