Pese a que los países de dudoso historial democrático o de carácter autoritario quieran censurar la labor de activistas y periodistas críticos, cada vez es más difícil. Sus intentos son como poner vallas al océano digital. Disidentes en países como Venezuela, Cuba o Irán hablaron de cómo escapar al ojo censor en la primera edición del Internet Freedom Festival.
Sin embargo, un año después, superar la censura continua siendo un reto. Pero no tan preocupante como evitar el control y la vigilancia que se establece sobre los disidentes. O, al menos, así lo han indicado este martes varios de ellos en una conferencia en Las Naves dentro de la segunda edición del festival, que también se celebra en Valencia. “Los gobiernos latinoamericanos utilizan virus troyanos de forma ilegal e ilegítima”, ha afirmado Renata Ávila, abogada especialista en derechos humanos dentro del campo de las nuevas tecnologías.
La sospecha de que se contrataban programas malignos como FinFisher -que permite vigilar a un individuo a través de su ordenador o teléfono móvil con tan sólo un clic-, ahora se ha confirmado con varias filtraciones de plataformas como Méxicoleaks. Estados del país centroamericano como Jalisco o Puebla instalaron dispositivos de estas características. “Lo contratan para luchar supuestamente contra el narcotráfico, pero sirve para controlar a periodistas y activistas”, ha criticado Vladimir Chorny, activista del país azteca y doctor en filosofía de los derechos humanos por la Universidad de Buenos Aires. “Las instituciones que lo contratan no puede hacerlo. Lo hacen de forma ilegal”.
Como han puesto de manifiesto las filtraciones de estas plataformas, no solo países como Colombia o Argentina espiaban a personajes públicos. También lo hace Venezuela. El periodista Luis Carlos Díaz ha criticado que en “la televisión pública se difundan grabaciones de móviles de opositores” y que el gobierno “controle los correos electrónicos para saber qué hacen los disidentes”. “La gente está desarmada ante las violaciones de los derechos humanos que se producen”.
“La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es la excusa para este espionaje”, ha denunciado Ávila. Como han ilustrado los activistas brasileños Amarela y Lucas Teixera, la ley contra el ciberterrorismo de Brasil utilizaban esa justificación para criminalizar y monitorizar a varios movimientos sociales. Aunque no solo en el país carioca se han dado casos desde el gobierno. También desde las corporaciones como la gigantesca minera Vale y la polémica hidroeléctrica en construcción Belo Monte. “El borrador de la ley paralizado por la nueva mayoría en la asamblea de Venezuela iba en esa dirección. Muchos organismos utilizan esas prácticas que estaban en ese hipotético reglamento”, ha agregado Díaz.
¿Y ante esta vigilancia qué hacemos para evitar ser controlados? “Hay que promocionar la seguridad digital”, ha defendido Díaz, que ha señalado: “No hay una herramienta para resolver todos los problemas”. “También se puede colaborar con las organizaciones en defensa de los derechos humanos que hay a nivel local. Así se puede combatir mejor”, ha añadido Ávila. La lucha contra la guerra sucia, convertido en el gran reto.