El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que se han aprobado nuevas condiciones que deberán cumplir obligatoriamente las comunidades adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y gradualmente también otras regiones, para controlar el gasto y asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad este año.
Montoro ha explicado estas medidas en su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso. Su departamento ha enviado ya las cartas a las autonomías que el año pasado incumplieron el objetivo de déficit y les ha dado 15 días para que adopten medidas, así como también ha tomado además medidas específicas para las acogidas al FLA: Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Aragón, Extremadura y Cantabria.
Todas ellas deberán en primer lugar adherirse al instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario previsto en la Ley General de Sanidad y deberán detallar medidas, “que deberán aplicar obligatoriamente si incumplen el límite de gasto sanitario”.
En esta misma línea, tienen que adherirse al protocolo firmado el año pasado entre Hacienda y Sanidad con Farmaindustria, que establece un techo de gasto farmacéutico y hace un seguimiento para controlar el cumplimiento. Tendrán también que sumarse a acuerdos similares que se puedan acordar con otros agentes del sector.
Asimismo, deberán estar conectadas permanentemente con el punto general de entradas de facturas del Estado, obligación impuesta ya a Cataluña el año pasado y que ahora se extiende al resto de autonomías acogidas al FLA. Otra de las exigencias será tener preparar un plan de tesorería para reducir el retraso en pagar facturas a los proveedores.
Pagar el gasto social
Cristóbal Montoro ha repasado por otro lado el acuerdo de no disponibilidad que tienen que aprobar todas las CC.AA. que incumplieron el déficit en 2015, entre ellas la Comunitat Valenciana. Como ya se sabe, están obligadas a no dedicar a nuevo gasto los recursos añadidos que tendrán este año del sistema de financiación pero además, centrarlo en pagar los servicios esenciales de este año (educación, sanidad y servicios sociales).
El ministro ha recordado que también tendrán que enviar mensualmente un informe de sus interventores generales sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, incluida especialmente la regla de gasto, y se ha mostrado convencido una vez más de que el año se puede cerrar cumpliendo los compromisos si todas estas se ejecutan y porque las comunidades van a tener otras facilidades.
En concreto, que este año no se van a producir gastos puntuales como los que se produjeron el año pasado y que desahogarán la situación de bastantes comunidades.
Montoro también ha defendido su criterio de que el problema de muchas comunidades no fue el año pasado de ingresos, de un mal sistema de financiación autonómica que no les permite cumplir los objetivos.
Pese a ello, el ministro ha confirmado lo que anunció el lunes tras reunirse con el presidente de al Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que de acuerdo con varias autonomías se va a crear un comité de expertos independientes que vayan trabajando en un nuevo sistema de financiación autonómica.
“Atiendo las peticiones de presidentes autonómicos, me lo están haciendo llegar; que se aproveche este tiempo (de Gobierno en funciones)”, ha dicho, para añadir bromeando: “Ya veremos lo que dura el tiempo”.
Generar un conflicto social y político
El diputado de Compromís en el Congreso, Ignasi Candela, ha acusado a Cristóbal Montoro de generar un conflicto político y social entre las comunidades autónomas y el Estado por sus políticas respecto a los objetivos de déficit. Candela ha tildado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de “trilero” por hacer un reparto del déficit que “no responde a ningún criterio económicamente justo sino a objetivos electoralistas”.
“Las CCAA gestionan aproximadamente el 36% del gasto público y los servicios sociales, mientras que sólo son responsables del 30% del déficit en 2015”, por lo que según Candela “es falso que las CCAA sean las principales responsables de la desviación del déficit”.
Para Candela, el reparto de los objetivos de déficit “se ha realizado en base a objetivos puramente electoralistas”, puesto que las CCAA “se encargan de la mayoría de prestaciones sociales y ya habían reducido su gasto público corriente en 28.143 millones entre 2009 y 2014”, mientras que la administración central “la aumentó en 2.745 millones en el mismo periodo”.
Además, Candela ha señalado que “Montoro no tiene legitimidad para exigir más recortes a las CCAA, porque el Gobierno está en funciones”. “La ciudadanía ha votado mayoritariamente por un cambio en las políticas y el ministro lo debería saber”, ha concluido Candela.