Empiezan a cantar los empresarios imputados. Es algo que tenía que llegar tarde o temprano. Enrique Ortiz, desde Alicante, y su hombre de confianza en Valencia, José Francisco Bevià, lo hicieron primero. Después, desde Castellón, ha sido Antonio Pons, de la sociedad Piaf, quien ha confesado que financió ilegalmente al PP en varias campañas electorales a través de la empresa Orange Market, es decir, de la trama Gürtel, a cambio de adjudicaciones. Con ello, el presunto delito electoral del partido de Francisco Camps y Mariano Rajoy deja en la práctica de ser “presunto”, lo que coloca a los dirigentes populares imputados en la causa. Vicente Rambla y Ricardo Costa entre ellos, en una difícil situación. Vale la pena recordar ahora, cuando los empresarios corruptos reconocen su culpa, cómo defendieron su honorabilidad al iniciarse el caso y el ambiente, la cobertura de complicidades y los apoyos con los que contaron.
Fue en noviembre de 2009 cuando los socialistas valencianos presentaron su denuncia por financiación irregular y se querellaron contra la cúpula autonómica del PP, varios miembros de la trama de Francisco Correa y cinco empresarios. Ángel Luna, Carmen Ninet, Ximo Puig y Cristina Moreno, que formaban entonces la dirección del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, firmaron la querella, basada en un informe de la Brigada de Blanqueo, despreciado en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que había detectado las maniobras irregulares durante la investigación del caso Gürtel. De ahí arrancan las piezas sobre la financiación del PP y sobre el saqueo cometido con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006.
Durante unas semanas, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, impulsor de esa acción, que consistía en llevar la denuncia de la corrupción política a los tribunales, fue objeto de todo tipo de presiones. Diversas organizaciones empresariales emitieron comunicados en los que mostraban su indignación porque se pusiera en duda la honorabilidad de las empresas valencianas. Rafael Ferrando, a la sazón presidente de la Cierval, la organización patronal de ámbito autonómico, clamó contra la utilización del empresariado “como arma arrojadiza entre los partidos políticos”. Y el presidente de la patronal alicantina Coepa, Rafael Martínez, criticó la “utilización indebida de la figura del empresario”. Hoy negocia este último con la Fiscalía Anticorrupción y con la acusación popular que ejerce el PSPV-PSOE para confesar, como han hecho Ortiz, Beviá y Pons, porque su empresa, Hormigones Martínez, también acabaría metida en el caso.
Las críticas por la “judicialización” de la política llovieron sobre Alarte y la dirección socialista valenciana de aquel momento. Y no fue solo el PP, con su impávida capacidad para convertir sus fechorías en conspiraciones de los adversarios. En las propias filas del PSOE hubo notables resistencias. No gustaba la iniciativa en la sede de la calle de Ferraz ni, como evidenció José Blanco cada vez que se pasó por Valencia en años sucesivos para regañar a los dirigentes de la calle de Blanqueries, en la ejecutiva que lideraba José Luis Rodríguez Zapatero. Que la denuncia de la corrupción no produce dividendos electorales era lo más confesable de una argumentación impresentable.
Hubo suerte porque Alarte y los suyos decidieron, pese a todo, cumplir con su obligación. Su actitud frente a la corrupción no salvó la carrera política de su líder ni evitó la deriva de su partido, hoy en el poder al frente de la Generalitat, aunque en un gobierno de coalición, tal vez porque entonces se hizo lo que había que hacer. Es importante recordar, sin embargo, que lo que a estas alturas parece obvio no lo era entonces, que hubo que romper muchos prejuicios y vetos interesados, y mucha manipulación (véase Canal 9). La corrupción ha salido a luz y ha sido combatida porque ciertos políticos, como ciertos jueces, fiscales y policías, y como ciertos periodistas, hicieron su trabajo contra la farisea indignación de las fuerzas vivas y la critica mercenaria de demasiados medios de comunicación. Desde el escandalizado rechazo general que hoy impera frente a la corrupción, es muy recomendable consultar la hemeroteca para saber, al principio, quién estaba con qué.