Ibrahim, superviviente del 'Aquarius': “España ha llamado para que vengamos. Ahora estamos aquí y no hay papeles, no hay nada”

Los 630 supervivientes rescatados por el buque Aquarius llegaron a España el 17 de junio de 2018 después de que el Gobierno de Pedro Sánchez ofreciera València como puerto seguro. Más de 600 periodistas de 140 medios de todo el mundo se acreditaron para asistir al desembarco mientras en las costas andaluzas casi mil personas eran rescatadas en menos de 48 horas sin apenas foco mediático y sin garantías. Ahora, aquellas personas que llegaron “por razones humanitarias” están recibiendo la resolución de su solicitud de asilo y, al menos tres, han sido denegadas.

Es el caso de Ibrahim Kamara, de 27 años y nacido en Costa de Marfil. Recuerda perfectamente el momento en el que el Aquarius atracó en València. Por fin pisaba tierra segura después de varios días en el mar y de ser rescatado in extremis por la ONG SOS Mediterranée de una lancha neumática donde iban más de 100 personas que habían zarpado de Libia. Diez días después de su llegada, solicitó el asilo en España.

Desde entonces, Ibrahim ha pasado por el Centro de Acogida de Mislata, donde vivió seis meses e inició sus clases de castellano para después entrar en la segunda fase de la acogida con CEAR-PV (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y trasladarse a Torrent. Allí ha vivido en un piso, con unas ayudas mínimas, formándose y siguiendo con el itinerario de inclusión hasta que hace tres meses recibió la notificación donde se le denegaba su solicitud de asilo. Una situación que también se ha repetido con otras dos personas del Chad, que también viajaban en el Aquarius, y a las que les llegó la notificación el 17 de julio y el 19 de agosto.

A partir de ese momento, el proceso de inclusión se quiebra. Dejan de recibir ayudas económicas, se quedan en una situación administrativa irregular y, por tanto, no pueden trabajar legalmente. Una situación que contrasta con la que viven aquellos que decidieron aceptar la oferta del país vecino. “Tengo muchos amigos que se fueron a Francia. Yo decidí quedarme a vivir aquí porque confiaba de corazón en el Gobierno de España y ahora mis amigos tienen papeles, una residencia y pueden trabajar y vivir con normalidad, pero yo aquí no tengo nada”, explica Ibrahim.

Tres meses sin papeles

Para llegar hasta València, Ibrahim recorrió un camino eterno que prefiere no recordar. Salió de Costa de Marfil en 2016 porque peligraba su vida. Allí dejó a su familia y a dos hijos de 5 y 8 años. Después de cruzar Mali y Argelia llegó a Libia y ese fue el último destino que pisó antes de llegar a València, hace ya más de un año. “Desde hace tres meses no tengo papeles y vivo en negro, pero no negro como mi piel, sin contrato. España ha llamado para que vengamos, pero ahora estamos aquí y no hay papeles, no hay nada”.

Sobre la mesa, un papel donde manifiesta, de nuevo, su voluntad de presentar la solicitud de protección internacional con una respuesta: una cita para el 1 de septiembre de 2020. El abogado y coordinador de CEAR-PV, Jaume Durà, indica que además de recurrir la denegación de asilo y llevar a cabo una segunda solicitud -como también harán con los otros dos casos-, van a intentar que se adelante la entrevista, ya que hasta entonces se encuentra en una situación de desprotección total.

Durà explica que, a pesar de que el Gobierno pudiera estimar que alguna de las personas del Aquarius o del Open Arms “no cumpliera o no pudiera acreditar las condiciones de asilo tal como establece Convención de Ginebra, sí se les podría conceder la protección subsidiaria o la acogida por razones humanitarias o circunstancias excepcionales”. “Por la excepcionalidad de los casos del Aquarius y del Open Arms, que son gente que ha huido del infiero de Libia y de su país y fueron trasladados a España de forma regular, se les tendría que conceder la protección. La diferencia de si una persona intenta llegar a las costas españolas y la rescatas es que puede pedir asilo o no, pero en el caso que tú vayas a alta mar sería un absurdo acabar expulsándoles. Al final es una cuestión de voluntad política”, apunta Durà.

De momento, Ibrahim espera alojado en casa de unos amigos que ha conocido en València y rechazando trabajos de albañil porque le piden tener la documentación en regla.