La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad ha abonado a 8.128 personas en situación de dependencia de la Comunitat la devolución de 33.330.055 euros correspondientes al copago que aplicó el antiguo gobierno tanto en las prestaciones económicas como en los pagos a centros de las personas dependientes entre los años 2012 y 2015.
Así lo ha explicado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien ha recalcado que “una de las primeras decisiones” del Consell fue “eliminar este 'copago encubierto' que venía a recortar las prestaciones que percibían las personas en situación de dependencia”, según ha indicado la administración en un comunicado.
Con la devolución de oficio de más de 33 millones de euros correspondientes a los recortes sufridos durante esos años, “se cumple el compromiso adquirido de reparar el derecho de estas personas, devolviendo el dinero que dejaron de percibir o pagar de manera injusta”, ha señalado la vicepresidenta.
A lo largo del pasado mes de diciembre se ha devuelto de oficio a 433 personas dependientes un total de 2,1 millones de euros correspondientes a las reducciones que se aplicaron entonces en estas ayudas, y que se suman a las 5.934 personas que ya han cobrado la devolución a lo largo del pasado año por un importe total de 25 millones de euros.
Además de estas devoluciones, se ha realizado también el abono de la cantidad de 4,95 millones a los familiares de 1.227 personas dependientes ya fallecidas y que también sufrieron estos recortes. A todos ellos se les informó por carta de la resolución que reconoce el derecho del cual fue privado y la cuantía que le corresponde.
Copagos a centros de día
Asimismo, también se ha procedido a la devolución de 1,17 millones de euros a 534 personas con diversidad funcional por las cuantías en concepto de copago que abonaron a los centros de día de los que eran personas usuarias durante el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
La cuantía de las devoluciones asciende a 1.173.804 euros y se han establecido a través de la revocación de las resoluciones que en ese momento determinaron el precio público de la plaza que los usuarios debían abonar.
Desde 2012 y hasta 2015, “el antiguo gobierno recortó las prestaciones económicas que recibían las personas en situación de dependencia, de manera que algunas de ellas pasaron a cobrar no más de 20 euros al mes para hacer frente a los servicios que requerían”, ha señalado Oltra. Estos recortes fueron anulados, posteriormente, en 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas inició en 2016 la revisión de sus expedientes con el “objetivo de elevar al máximo las cuantías económicas a percibir y acabar con estas minoraciones”.
Esta revisión permitió que 9.469 personas pudieran pasar a cobrar el máximo establecido por el Estado al no tener en cuenta la capacidad económica de los beneficiarios a la hora de calcular la prestación a recibir.
Con la devolución de oficio de esos 33 millones, ha apuntado Oltra, la Generalitat “cumple con el compromiso adquirido de reparar el derecho de estas personas, indemnizar por los daños y perjuicios causados y devolverles el dinero que nunca se les debía haber confiscado”.