La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha tomado una decisión de calado: movilizará todos los recursos materiales o humanos de carácter social o sociosanitario, incluyendo al sector privado y a otras administraciones públicas, para combatir la pandemia del coronavirus.
La medida se ampara en el Real Decreto que declara el estado de alarma y afecta a las entidades privadas “en función de las necesidades que surjan con motivo de la expansión del coronavirus-COVID-19”. Esta suerte de nacionalizaciones contarán con la autorización judicial previa cuando resulte pertinente, según explica en un comunicado el departamento que dirige Mónica Oltra.
La resolución, que se publicará este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), será ratificada el vienes en la reunión del Consell, y tiene en cuenta que los servicios sociales valencianos deben atender a una población considerada de alto riesgo en caso de contagio del coronavirus (ancianos o dependientes, entre otros).
Así, la Generalitat Valenciana “podrá disponer de los medios y recursos de los servicios sociales o socio-sanitarios”, así como del personal dependiente de estos servicios y también podrá adoptar medidas de movilidad geográfica en el conjunto de la Comunitat Valenciana.
La puesta a disposición de los medios y recursos oficiales se realizará de “forma gradual” y “según las necesidades sociales”, poniendo a disposición los centros, establecimientos, servicios y programas de atención social o socio-sanitaria, “con la autorización judicial previa cuando resulte pertinente y con la oportuna comunicación al Ministerio correspondiente”.
Además, la resolución ordena la “disponibilidad de todo el personal” funcionalmente dependiente de estos servicios para poder realizar “funciones diferentes” a las correspondientes a su puesto de trabajo, categoría o especialidad relacionados con el ámbito social o socio-sanitario, pero de acuerdo a su perfil profesional.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas también podrá adoptar medidas de movilidad geográfica en el conjunto de la Comunitat Valenciana y la suspensión de la normativa relacionada con las jornadas de trabajo y descanso, previa comunicación a los órganos de representación de personal.
La movilidad geográfica no afectará a las mujeres víctimas de la violencia de género que tengan su puesto de trabajo adaptado por esta circunstancia ni a las mujeres embarazadas.