El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJ) acaba de imputar a Luis Rosado, exconseller de Sanidad, por la contratación supuestamente delictiva de varias empresas de la trama Gürtel. Con esta decisión, hasta 10 miembros de sucesivos gobiernos de la Generalitat están imputados por casos de corrupción. Otro, el exvicepresidente Víctor Campos, fue condenado por un delito de cohecho impropio.
Rosado y otros tres cargos de su departamento están siendo investigados por encargar de manera presuntamente irregular la producción de un vídeo promocional sobre el Hospital Clínico de Valencia. El juez, siguiendo el criterio de la Fiscalia, cree que la contratación pudo ser delictiva. El modus operandi de la Generalitat con la trama Gürtel es conocido: se encomendaban trabajos prescindiendo de un concurso público y pagando, habitualmente, precios muy por encima de mercado.
Además de Rosado, otros cinco exconsellers están imputados por su relación con la organización de Francisco Correa y su hombre en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes: Milagrosa Martínez (Turismo), Angélica Such (Turismo y Bienestar Social), Alicia de Miguel (Bienestar Social), Vicente Rambla (que ocupó hasta cuatro carteras distintas) y Manuel Cervera (Sanidad). Los otros cuatro antiguos altos cargos están imputados por otros casos.
José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat y Bancaja, por el caso Bankia. Rafael Blasco, exportavoz del gobierno y exconseller en varias carteras, por el caso Cooperación, por el que la propia Generalitat le pide 11 años de prisión. José Joaquín Ripoll, exvicepresidente, por el caso Brugal, y Luis Fernando Cartagena, ex consejero de obras públicas, por un producto financiero. Estos cuatro, al igual que Rambla, ya formaban parte de los gobiernos de Eduardo Zaplana, primer presidente popular de la Generalitat antes de unirse como ministro al último gabinete de José María Aznar.
Más de 100 imputados
Según Sergi Castillo, periodista y autor del libro Tierra de Saqueo, un pormenorizado análisis de la historia política reciente de la Comunidad Valenciana, más de 100 cargos públicos valencianos están imputados por casos de corrupción, seguramente, un caso inédito en las democracias avanzadas. También lo puede ser la situación del grupo popular en el parlamento autonómico: casi una quinta parte está siendo investigado por casos de corrupción. El expresidente regional, Francisco Camps, que conserva su escaño, fue juzgado –y absuelto- en el caso de los Trajes.
Camps fue defenestrado por este asunto. Su sucesor, Alberto Fabra, apenas ha podido lidiar con la corrupción que asola al PP valenciano, una mayoria de cuyos diputados solicitó el indulto para un alcalde –y exmiembro de las Corts Valencianes- condenado por corrupción. Los problemas se le acumulan a Fabra, ahora aislado por la contestación social y sindical contra el cierre de Ràdio Televisió Valenciana.