El juzgado de Instrucción número 19 de Valencia investiga a Ana Brugger, la que fuera directora general de Función Pública del Gobierno valenciano del PP entre los años 2012 y 2015, por presuntamente escribir y entregar las respuestas de un examen de oposición a una amiga mientras se debía encargar de su vigilancia. La ex alto cargo, funcionaria de carrera de la administración, habría cometido los hechos en una prueba celebrada el 10 de marzo de 2018 y ya ha declarado como imputada.
También ha sido imputada la aspirante que presuntamente recibió las preguntas, María Gonzálbez, que en la actualidad es asesora del grupo parlamentario de Vox en las Corts Valencianes. Esta investigada, igual que dos testigos, debían haber declarado el pasado día 12 de septiembre pero se suspendió el interrogatorio porque las citaciones no llegaron en tiempo y forma, según fuentes jurídicas.
La denuncia inicial parte del sindicato CGT y fue asumida por la fiscalía provincial, que acudió al juzgado y pidió que abriera diligencias. Dos vigilantes del examen fueron las que denunciaron la conducta irregular de su compañera, que debía haber colaborado en la supervisión de la prueba. Según explicaron y consta en la denuncia del fiscal, Brugger, “una vez en el aula, con los opositores dentro, tras anunciarse los temas, comenzó a consultar su teléfono móvil y a escribir en folios de los repartidos a los opositores, en lugar de permanecer alerta vigilando a los aspirantes”.
“Tras escribir varios folios de los destinados a entregarse a la administración, en un momento determinado, –apunta la denuncia– se acercó a una aspirante con quien Ana Brugger tendría vínculos de amistad, y le dejó en su mesa dichos folios con las respuestas escritas”, añade la denuncia del Ministerio Público a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Las dos funcionarias que también cuidaban por el buen desarrollo de la oposición observaron los hechos que relata la fiscalía y requisaron los folios a la opositora, “quien habría confesado en estado de nervios lo ocurrido”, y acudieron a la dirección general de Función Pública, justo el cargo que ocupó Brugger años antes.
En un primer momento se desconocía la identidad de la aspirante beneficiaria, pero las pesquisas realizadas ya por el juzgado de Instrucción confirmaron el nombre de la actual asesora de Vox.
La Conselleria de Justicia abrió inicialmente una investigación sobre los hechos y se dispuso a imponer una sanción, pero la denuncia penal paralizó el proceso. Cuando se diriman las posibles responsabilidades penales se reabrirá el proceso administrativo, que puede acabar en inhabilitación temporal de empleo y sueldo.