El tribunal de la Sección Segunda ha estimado de este modo la petición del sindicato Manos Limpias, acusación popular en el caso Nóos, enviando de esta forma a estos imputados al banquillo de los acusados. En el caso de Grau, la Sala recoge los argumentos de la entidad en cuanto a su actuación “delictiva” en las negociaciones de los Valencia Summit.
En mayo el juez Castro imputó a Grau, a petición del PSOE y Manos Limpias, al creer que “existen indicios fundados de criminalidad” en los hechos relacionados con la firma y ejecución de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros. El pagador fue Valencia Convention Bureau, una empresa privada pero controlada por el ayuntamiento de la ciudad.
En su resolución, Castro incidió en que “existen indicios racionales de que en las diferentes contrataciones se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió al Instituto Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos”.
Grau, en su posterior declaración, negó los hechos y, finalmente, se le retiró la imputación, que nunca fue apoyada por el fiscal. La oposición, sin embargo, siempre ha exigido responsabilidades políticas a la alcaldesa, Rita Barberá, por el lucro con dinero público de Urdangarín. Ahora, la Audiencia de Palma considera que Grau puede tener responsabilidad en los pagos de Valencia Convention Bureau a Urdangarín.