El alza de los precios de los alquileres de vivienda unido a los desahucios por impagos se ha convertido en los últimos años en un problema social de primer orden y en uno de los principales retos a abordar por las diferentes administraciones.
La nueva Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de abril por el Gobierno progresista de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz permite, para hacer efectivo del derecho de acceso a la vivienda, la posibilidad de que las administraciones competentes declaren zonas de mercado residencial tensionado, lo que autoriza a limitar los precios de los alquileres.
En la Comunitat Valenciana, el que fuera vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, firmó el pasado mes de mayo la resolución para iniciar este procedimiento, en el caso de València con el apoyo del entonces alcalde, Joan Ribó, ante la cada vez más insostenible situación.
Y los datos hablan por sí solos. Según el portal inmobiliario especializado Fotocasa, la Comunitat Valenciana registró el precio del metro cuadrado de vivienda destinada a alquiler más bajo de la serie en abril de 2015, con 5,03 euros el metro cuadrado. En la actualidad, la media autonómica está en 11,53 euros, un 129% más.
En el caso de la ciudad de València, también en 2015 se registró el precio del metro cuadrado más bajo, con 5,73 euros, mientras que ocho años después se ha disparado un 132% hasta 13,31 euros el metro cuadrado. Esto significa que, por ejemplo, una vivienda de 100 metros cuadrados ha pasado de costar 573 euros al mes en 2015 a 1.331 euros al mes en la actualidad.
Además, según los datos elaborados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de València en base a los que publica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comunitat Valenciana registró el pasado año 3.500 desahucios por impago de alquileres, incluidos bajos comerciales, aunque son los casos menos numerosos. En 2021 fueron 3.800.
A pesar de estos datos, la nueva alcaldesa de València del PP, María José Catalá, descartó recientemente limitar los precios de los alquileres y como medidas en materia de vivienda anunció la puesta en marcha de oficinas antiocupas, un problema que en la provincia afectaría al 0,06% de las viviendas, y la construcción de más vivienda pública, muchas veces vinculada al desarrollo de grandes planes urbanísticos que reservan un pequeño porcentaje de metros cuadrados a la ejecución de viviendas protegidas, a pesar de que según el INE la ciudad cuenta con 36.000 inmuebles vacíos.
Sobre la posibilidad de declarar València como zona tensionada para limitar los precios, Catalá comentó: “Es una opción que da la Ley de Vivienda con la que no estamos muy de acuerdo y estamos ahora trabajando y reflexionando sobre esa cuestión”. Y añadió que está convencida de que en las próximas elecciones generales su partido tendrá una política distinta de vivienda por lo que “en este momento no se va a hacer esa declaración”.