La Conselleria de Sanidad anunció recientemente la decisión del conseller Marciano Gómez, de seguir con el proceso iniciado por el Gobierno del Botánico de recuperación de la gestión pública de los hospitales de Dénia y Manises, una vez finalizado el plazo de la concesiones. Por el contrario, se mantendrá privatizado el de Elche-Crevillent.
Según Sanidad, “tanto el informe de análisis de situación, como el clima social y laboral generado en ambos departamentos, unido a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, han sido determinantes para tomar la decisión”. Este diario ya publicó el contenido de uno de esos informes realizado por técnicos de la propia conselleria referido al hospital de Dénia, que aconsejaba recuperar la gestión pública por la opacidad del sistema, los incumplimientos en cuanto a inversiones por parte de la empresa gestora y por el elevado coste, con un total de 1.400 millones de euros para las arcas públicas.
El otro informe de los técnicos de Sanidad relativo al departamento de Manises es si cabe más demoledor por las elevadas cuantías económicas que ha supuesto para la administración. En concreto, según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, hasta el ejercicio 2022, la concesionaria habrá recibido por parte de la Generalitat Valenciana en concepto de precio inicial del contrato un total de 1.960 millones de euros, un precio inicial que se ha multiplicado por tres al pasar de los 59 millones de 2009 a los 185 millones de 2022.
La cápita (tarifa que paga Sanidad a la concesionaria por habitante) establecida para el inicio de la concesión de Manises se fijó en 597,64 euros en el año 2009, siendo 932,19 euros para el año 2022, lo que representa un incremento del 56% de la prima presupuestaria respecto de su inicio.
Especializada y Primaria L’Horta Manises, empresa filial del grupo Sanitas encargada de gestionar el Departamento de Salud de Manises, además de haber obtenido unos ingresos iniciales de 1.960 millones de euros del precio inicial del contrato, declara en sus cuentas anuales, un resultado positivo en Pérdidas y Ganancias de 57,9 millones durante el periodo 2009 a 2021, lo que supone unos beneficios medios de más de 4,5 millones de euros anuales para el citado período.
En cuanto al volumen de inversión total a 31de diciembre de 2021, era de 126 millones de euros, existiendo una discrepancia de 2 millones de euros con respecto a lo declarado por la concesión. Por otra parte, en su oferta la empresa se comprometió a una inversión de 137 millones a lo largo de los 15 años de la concesión.
Según el informe, “siendo que el precio del contrato elemento esencial no puede ser alterado, en el supuesto de prórroga de este servicio se estaría abonando dentro de la prima per cápita por la construcción de un hospital e inversiones ya amortizadas, resultaría necesario calcular una nueva cápita para evitar así un beneficio extraordinario para el concesionario”.
Asimismo, “debido a las deficiencias contractuales y diferentes acuerdos interpretativos, que han propiciado el abono de ciertos conceptos económicos fuera del procedimiento regulado en el propio pliego -liquidación-, y por ende del precio del contrato, las concesionarias han obtenido ingresos adicionales por Expedientes de Enriquecimiento Injusto, que suponen, otra vulneración de los principios recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
Compromís acusa a Gómez de mentir con los informes
Carles Esteve, portavoz de sanidad de Compromís, destaca sobre el mencionado informe que ya recomendaba la finalización del contrato de concesión privada desde mayo. “Exactamente como pasó con Dénia, el presidente Mazón nos ha engañado durante los primeros tres meses de mandato. Tenían esta información desde el principio y nos han mentido diciendo que harían una nueva auditoría. El propio conseller contesta a una pregunta parlamentaria que no hay ningún documento de esa auditoría, pero sí tenían este informe que es muy claro diciendo que la gestión pública es la mejor opción”.
Los datos económicos del informe son contundentes y se ve cómo el precio anual del contrato se multiplica por tres entre 2009 y 2022, pasando de 59 millones a los casi 186 del último año del que se tienen datos. Con esto, la mercantil ha obtenido unos beneficios de 57,9 millones hasta 2021.
Según Esteve, queda por saber cómo se harán efectivas las transferencias por las liquidaciones pendientes que, según los datos de la propia Consellería de Sanidad, ascienden a 373 millones. También según el documento, faltarían por ejecutar 11 millones de inversiones en el departamento para cumplir con lo que refleja el contrato.
“Hay que recordar que la consellería ha iniciado la construcción de un centro de salud en Riba-Roja y un centro de especialidades en Buñol de los que se tendría que hacerse cargo la empresa concesionaria. Tenemos la sospecha de que la finalización consensuada que según el presidente Mazón se ha acordado con la empresa, suponga que no pagan la deuda pendiente que tienen ni realizan las inversiones pendientes según el contrato”, afirma Esteve.