“El legislador valenciano puede aprobar una ley de protección ambiental que afronte el problema de abandono de envases y residuos de envases de bebidas en la Comunitat Valenciana imponiendo el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) como único procedimiento de gestión”.
Así arrancan las conclusiones del informe emitido por la Facultad de Derecho de la Universitat de València sobre la viabilidad jurídica de la puesta en marcha de este sistema que la Conselleria de Medio Ambiente pretende implantar en el primer trimestre del año 2018.
El documento ha sido realizado a petición de la mencionada conselleria y se presentó en la última reunión del Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente (CAPMA), celebrada el 19 de enero.
Según el estudio, “negar la competencia de las CCAA para aprobar una norma que garantice la aplicación del SDDR sería contrario a la Constitución Española y al Derecho de la Unión Europea”.
Además, prosigue el documento, “el Tribunal de Justicia ha reconocido la mayor eficacia ambiental del Sistema de Depósito y Devolución frente a otros sistemas de recogida en el ámbito de los envases de bebidas que no la incentivan económicamente”.
En cuanto al principio de libre circulación de mercancías, el texto asegura que “ningún problema se planteará mientras la ley proyectada no contenga medidas que obstaculicen el comercio intercomunitario de bebidas de forma desproporcionada”.
Para salvar este problema, “puede imponerse el empleo de un símbolo para identificar los envases gestionados mediante el SDDR”.
Este informe tumbaría uno de los principales argumentos de los detractores del SDDR, los cuales aseguran que es ilegal su implantación desde los gobiernos autonómicos ya que las competencias en materia de residuos son del Estado.
Estudio económico
Otro de los documentos que se entregaron a los miembros del CAPMA fue un estudio económico de los costes de implantación del SDDR elaborado por la Universitat Jaume I.
Este documento estima en 66,8 millones de euros el coste total de la puesta en funcionamiento de todo el sistema.
Sin embargo, cifra en 39,7 millones los ingresos que generaría principalmente procedentes de los envases no devueltos (10 céntimos por envase) y de los recuperados y llevados a reciclar.
Así, la diferencia (27 millones de euros) se cubriría mediante una tasa administrativa que deberá abonar la industria y que debería ser de casi un céntimo por envase, es decir, casi el doble de lo que actualmente abonan a Ecoembes.
De implantarse el SDDR, la industria pagaría la tasa de los envases sujetos al sistema, pero no la de Ecoembes, para evitar duplicidades, tal y como establece el borrador de la ley redactada por la Conselleria.
Entre los gastos más destacados, el informe prevé la instalación de 2.441 máquinas en hipermercados y supermercados con un coste total de 13,3 millones de euros, otros 3,3 millones al año en bolsas homologadas para almacenar residuos y casi 10 millones de euros en personal.
Para financiar estos gastos, se repartirá entre los comercios que entren en el sistema 39,4 millones de euros procedentes de los 0,02 euros que el gestor del sistema les dará por envase recogido.
Reunión con la patronal
La implantación del SDDR ha pasado de ir a velocidad de crucero a entrar en una fase de dudas e incertidumbre, principalmente por la oposición de los empresarios y supermercados, los cuales llegaron a presentar un manifiesto firmado por 47 entidades en contra el SDDR.
Ante esta situación, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, medió en el conflicto e instó a las partes a que dialogaran.
El pasado 12 de enero, la conselleria y Cierval acordaron abrir una mesa de trabajo para debatir mecanismos que incrementen la tasa de reciclaje, según el presidente de la patronal, José Vicente González, “sin barreras de ningún tipo”, con la viabilidad del SDDR de fondo.
Así, este martes 31 de enero tendrá lugar la primera reunión entre las partes en la que, según fuentes de Medio Ambiente, se hará un diagnóstico de la situación del reciclaje de envases en la Comunitat Valenciana, para establecer posteriormente medidas para mejorar su reciclaje.