Un informe de Sanidad apunta que Marina Salud debe 113 millones a la Generalitat Valenciana por las liquidaciones del Hospital de Dénia

Un informe técnico de la Conselleria de Sanidad del Gobierno Valenciano desaconseja la prórroga de la concesión de la gestión privada del hospital de Dénia. El documento, elaborado por técnicos de Sanidad durante la pasada legislatura, cuestiona que la gestión privatizada de los hospitales en general y de Marina Salud en particular resulte más eficiente, y apunta a numerosas deficiencias del servicio.

El informe, difundido por Compromís, fue suscrito por la subdirectora general de Recursos Económicos, Rosa Aurora Folch, perteneciente al equipo del exconseller Miguel Mínguez (PSPV), y presentado el pasado enero, un mes antes de que el Ejecutivo que presidía Ximo Puig comunicara a la mercantil el fin de la concesión, paso necesario para recuperar la gestión pública. El Ejecutivo de PP y Vox que dirige Carlos Mazón aboga por realizar una auditoría de los servicios antes de tomar cualquier decisión.

El análisis de la Conselleria de Sanidad arroja una deuda de 113 millones de euros de la empresa concesionaria con la Generalitat Valenciana en concepto de liquidaciones -el ajuste entre lo que paga la Generalitat y el coste del servicio, con las correspondientes compensaciones, que determina el coste real-. En concreto, según las liquidaciones aprobadas, a las que se restan los expedientes de enriquecimiento injusto, el saldo neto a favor de la Administración asciende a 61,9 millones de euros en el periodo 2009-2016 y se estima que la empresa adeuda 51,2 millones de euros de las liquidaciones no resueltas de las anualidades 2017 a 2020. A fecha de realización del informe faltan por evaluar las liquidaciones de los tres últimos años.

El contrato de concesión incluía el compromiso de construir un nuevo hospital que debería dotarlo del equipamiento necesario para ponerlo en condiciones de funcionamiento, la adecuación del antiguo hospital de Dénia (La Pedrera) como Hospital Sociosanitario y la reforma del Centro de Especialidades, que no se ha producido. El informe recoge el plan de inversiones de Marina Salud, donde se indica que “la construcción del nuevo Centro de Salud en Dénia no ha sido llevada a cabo todavía, ya que no se tiene constancia por parte de Marina Salud de la cesión por parte del Ayuntamiento a la Conselleria de Sanidad de ningún terreno para la ubicación del mismo”, según Sanidad.  

El informe apunta a la opacidad de la empresa con los datos. Además de los indicadores de calidad sanitaria, que son menores que en los centros públicos según destacan los técnicos, señala que no se ha facilitado el equipo del que disponen, solo el montante total. “La empresa no ha dispuesto de un inventario de activos que permita identificar individualmente los equipos”, recoge el texto. Entre 2009 y 2021, según las cuentas anuales de Marina Salud (empresa adquirida por Ribera Salud), el gasto en personal se ha duplicado, ha pasado de 32 millones de euros a 63.

La concesionaria, según las cuentas recogidas en el documento, declara unos beneficios medios de más de 2,43 millones anuales para el período 2009 - 2021. “Parece que todo esté pensado solo para mantener los sueldos millonarios de la dirección”, critica el diputado de Compromís Carles Esteve, que señala que el director ejecutivo de Ribera Salud, Alberto de Rosa, “gana 33.000 euros al mes como otros 10 directivos de la concesionaria”,

“Las cifras del informe son claras en cuando a la ineficiencia del modelo privatizado: la prima a pagar por parte de la conselleria se ha llegado casi a duplicar y, a pesar de que la empresa ha recibido 1.605 millones de euros por 15 años de concesión, continúan teniendo las peores ratios de profesionales sanitarios, un médico de atención primaria por cada 1.552 habitantes o un pediatra por cada 1.000 niños y niñas; cuando el resto de departamentos tienen un médico de cabecera por cada 1.210 pacientes y un pediatra cada 722 niños y niñas de media”, señala el diputado de Compromís.

Un ahorro cuestionado

El informe duda de que exista un ahorro real; más bien, afirma, se beneficia de mayor flexibilidad administrativa y de las características de la población a la que atienda. “La pretendida superioridad en términos de eficiencia de la gestión privada de las concesiones frente a los departamentos de gestión directa, lejos de poder verificarse, se asienta básicamente en las ventajas de un marco jurídico más flexible que propicia unos menores costes de personal y aprovisionamiento, antes que en una mayor eficiencia relativa en la gestión de los recursos”, indica el documento. “El supuesto ahorro en el gasto viene justificado por la fórmula de gestión, con un régimen laboral y contractual con el que cuenta la empresa privada frente a la pública, que le permite maximizar los recursos con un coste inferior”, expone. Entre ellos, recuerda, hay tratamientos que son asumidos directamente por Sanidad: prestaciones de farmacia, oxigenoterapia, prótesis y transporte sanitario.

Entre las particularidades, dice el texto, se da una mayor densidad de población, menor dispersión territorial de los centros y el alto componente de población foránea; una estructura asistencial que motiva una mayor derivación de los casos más complejos y costosos a otros Departamentos de Salud y, principalmente a otras concesiones, que, hoy en día, son gestionadas por el mismo grupo empresarial; un departamento de salud gestionado por una entidad privada, con unas condiciones laborales con mayores dosis de flexibilidad para la empresa, pero también con mayores exigencias para el trabajador (menor coste medio del trabajo efectivo del personal, doblaje de turnos, sistema de cupos más exigentes, etc.) que el del sistema público y la subcontratación de prestaciones, dice el texto.