Allieh Bah tenía 16 años cuando partió desde Sierra Leona, su país natal, hacia Europa. Recorrió cuatro países y prefiere no hablar de su paso por Libia, sólo enseña una quemadura en su brazo izquierdo. “No se olvida, está en mi memoria”, recuerda dos años después de ser rescatado en el Mediterráneo por el Aquarius y acabar desembarcando el 17 de junio del 2018 en el Puerto de València tras ser rechazados por Italia y Malta.
La asociación Aquarius Supervivientes 2018, formada por los inmigrantes que se quedaron en España, ha denunciado su situación en una rueda de prensa este miércoles en València. Su portavoz, Moses Von Kallon, ha leído un manifiesto en el que agradecen a “todos los españoles y españolas que creen en la humanidad, que nos aceptan como somos, que nos quieren y nos tratan como su propia familia”.
A pesar de que fueron “celebrados y recibidos con todos los honores en el Puerto de València”, dos años después denuncian las dificultades para encontrar trabajo. Algunos que sí tenían un empleo, lo han perdido con el confinamiento decretado por la pandemia de la COVID-19. “Teníamos la esperanza en un futuro mejor pero esto no ha sido posible”, denuncian.
Del grupo de migrantes que se quedó en España, 374 solicitaron protección internacional pero, hasta ahora, sólo se han resuelto 66 expedientes, de los que nueve han sido archivados, ocho aceptados y 49 denegados. Los representantes de la asociación Aquarius Supervivientes 2018 han explicado que, tras 18 meses con ayuda del Gobierno, ya no están incluidos en el programa de acogida y la tarjeta roja de solicitantes de asilo, que les permite residir y trabajar legalmente en España, les causa problemas para encontrar un empleo.
“Muy pocas empresas conocen qué es la tarjeta roja e incluso muchos españoles no saben lo que es”, lamentan. Han podido aprender castellano, con ayuda de activistas de ONG, pero en ningún caso han podido continuar con sus estudios. Cuando buscan trabajo, las empresas “no aceptan ese documento porque no se fían” y cuando buscan una casa o habitación para alquilar, a los propietarios de la vivienda la tarjeta roja “no les da garantías”.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha reconocido, preguntada por la situación de los supervivientes del Aquarius, que “son procedimientos complejos y no hay soluciones rápidas ni fáciles”. “Los expedientes se están trabajando, hay expedientes que ya se han regularizado y otros que, por su complejidad, supongo que seguirán estudiando”, añade Calero, quien no ha sabido especificar a qué ayudas se podrían acoger hoy en día.
Los supervivientes de la odisea del Aquarius lamentan que fueron “aceptados por razones políticas y no por razones humanitarias”. Los que habían conseguido un trabajo lo han perdido tras el confinamiento por la pandemia de la COVID-19. A pesar de ello, muchos han ido al campo o se han prestado voluntarios para luchar contra el coronavirus (como el caso de Fèlix Sesay, del que informó este diario, un inmigrante de Sierra Leona que ha llevado comida a ancianos).
Aquellos a los que se les ha retirado la tarjeta roja “ya no tienen ninguna protección”. “Sus vidas son miserables, algunos de ellos se están volviendo locos”, agregan. Emily Sini, una mujer de 42 años y de nacionalidad libia que desembarcó en el Aquarius, ha recordado la situación de algunas de sus compañeras de viaje que “están en la calle”. “Sin papeles no podemos respirar”, asegura en referencia a la muerte de George Floyd. “Queremos respirar pero no podemos”, ha dicho el portavoz Moses Von Kallon.
Este próximo sábado, Día Internacional de las Personas Refugiadas, celebrarán a las 20 horas un acto reivindicativo por la regularización en la plaza de Patraix, en València. “Nuestra situación es extremadamente vulnerable”, advierten. Se han quedado “sin trabajo, sin ayudas y sin posibilidades de salir adelante”.