Un internet amordazado
Parece que los esfuerzos del gobierno por sacarnos de la recesión han logrado, cuanto menos, colocarnos a la altura de una de los países con mayor crecimiento del mundo, China. Aunque no lo ha hecho en materia de economía, lamentablemente. Lo ha hecho en cuestión de derechos humanos porque con la nueva ley de propiedad intelectual que se aprobó esta semana, el derecho a la información queda al mismo nivel que en el país asiático.
Puede parecer una exageración pero no lo es en absoluto. Y no lo digo por la tasa AEDE, ese maravilloso invento de los grandes periódicos por el que el gobierno se compromete a recaudar un impuesto –que pagarán Google y otros agregadores de contenido- para subvencionar el fracaso absoluto de las empresas editoras de prensa. Porque, al parecer, España es el único país en el que el fracaso en la gestión de una gran empresa no supone el cierre si no la compensación económica a cargo del Estado ¿o no se acuerdan ya lo que sucedió con los bancos?
Pero, como les decía, lo que clama al cielo de la nueva ley no es precisamente esa tasa que, aunque estúpida, ha sido lo único que se les ha ocurrido a los editores de diarios para salvar sus cabeceras de Internet, así en general, a quien consideran responsable de todos sus males. Como si la falta de rigor, la pérdida de valores periodísticos, el desfase generacional de los directivos y la connivencia con el poder fuesen tecnicismos capciosos.
No, en realidad lo más terrible de la nueva ley de propiedad intelectual no es la tasa que ha centrado la mayoría de los titulares sino la censura política que establece el documento, aprovechando el concepto de enlace ilícito. Pese que el gobierno diga lo contrario, el texto legislativo establece que cualquier servicio de Internet que incluya enlaces a terceros podrá ser denunciado por vulneración de la propiedad intelectual. Esta medida no afecta solo a las páginas de enlaces si no que se extiende a cualquier otro soporte: blogs, foros y hasta la mismísima Wikipedia. Además, el encargado de determinar si dichos enlaces vulneran o no la propiedad intelectual será un comité político dependiente del gobierno, no una instancia judicial.
Esto quiere decir, básicamente, que un enlace a un contenido dudoso puede servir de excusa para que un órgano políticamente dependiente autorice, no solo el cierre del servicio, sino también la condena de la empresa responsable. Y la ley no se limita solo a condenar la publicación de enlaces directos. También son susceptibles de ser condenados aquellos servicios que conecten con páginas que incluyan un enlace sospechoso. De hecho la ley obliga al colaboracionismo y la delación de cualquier otro servicio online, so penas de hasta 600.000 en el caso de los servicios de alojamiento de páginas Web.
Esto ya es de por sí grave porque pone en bandeja a las autoridades políticas –y no judiciales, que no se nos olvide- la posibilidad de cerrar una Web con la excusa de enlazar no ya a un contenido ilegal, sino a una página que a su vez contenga enlaces ilícitos. Pero la guinda de la infamia en esta ley la pone el hecho de que a partir de ahora se podrá pedir por vía civil la identificación de un usuario. Es decir, ya no tendrá que ser un juez quien autorice desvelar parcialmente el secreto de las telecomunicaciones por el indicio de un delito penal.
Por mucho que se haya querido vender la ley como una defensa de la propiedad intelectual, medidas como esta dejan claras las intenciones legislativas del gobierno: disponer en Internet de un marco jurídico que, al igual que sucede con la Ley de Seguridad Ciudadana en la calle, lo faculte para ejercer un inquietante control social.
