Los dos interventores de la Generalitat socios en negocios privados no figuran en la lista de compatibilidades concedidas por Función Pública

Los interventores de la Generalitat Ricardo Camarena Gil, que ha mantenido cargos societarios en una decena de constructoras y fotovoltaicas, y Paula Cosin Vila, socia de Camarena en dos de las mercantiles, no figuran en la lista oficial de la Generalitat Valenciana del personal empleado público “autorizado para compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado”. El exinterventor nombrado a dedo por Alfonso Rus en la Diputación de València volvió a su puesto en la administración autonómica tras el estallido del caso Taula, por el que ha declarado como testigo, y la llegada de la izquierda al poder en la institución provincial.

En 2016, Camarena y Cosin abrieron el despacho CC&A Legal y Económico SLP, dedicado a actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal, en el que ambos eran socios profesionales y administradores mancomunados de la mercantil, que apenas sobrevivió ocho meses entre su creación y su extinción. Los interventores de la Generalitat también coincidieron en CC&A Acceso Eléctrico SL, una microempresa de comercio de energía eléctrica en la que Cosin figuraba como administradora única y Camarena como administrador mancomunado. Cosin mantiene hoy en día la consultora Vola Topi SL, de la que es accionista única.

Camarena, tal como informó este diario, tuvo cargos societarios en varias constructoras y fotovoltaicas mientras era interventor de la Diputación de València y aún mantiene la mercantil Planta Fotovoltaica Viver 6 SL, dedicada a la producción de energía eléctrica; la promotora inmobiliaria Ekon Propiedades SL; y Solarflex Energías 21 SL, una sociedad administrada por una funcionaria del Ayuntamiento de València y que proviene del descomunal vivero de empresas que ofrece Ramón Cerdá Sanjuan, al que también recurrieron implicados en Gürtel y en Noos, aparte de Marcos Benavent.

Los interventores delegados tienen una clasificación profesional que implica “incompatibilidad absoluta para cualquier actividad que no sea la propia de un interventor”, explica una fuente conocedora de las interioridades de la administración autonómica, que añade: “Sólo una autorización especial y motivada de la Dirección General de Función Pública podría hacer una excepción”. Este diario ha preguntado a la Conselleria de Justicia, de la que depende Función Pública, por la compatibilidad de los dos altos funcionarios sin obtener respuesta.

El portal GVA Oberta ofrece la relación del reconocimiento de compatibilidades que Función Pública ha concedido desde 2015 al personal empleado público al servicio de la Administración de la Generalitat. Ni Camarena ni Cosin aparecen por ningún lado. Lo más parecido es un técnico de la Intervención que en 2017 obtuvo la compatibilidad para dar clases en la Universitat de València. Las compatibilidades concedidas abarcan desde la docencia (las más comunes) hasta negocios privados.

Ricardo Camarena aterrizó en la Intervención de la Generalitat en 1999 (nombrado por el entonces conseller José Luis Olivas) y su exsocia, Paula Cosin, fue nombrada tres años más tarde por el entonces conseller Vicente Rambla. Camarena está destinado actualmente en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas mientras que Cosin es interventora delegada del Tesoro de la Generalitat.

La larga lista de empresas de Camarena, así como las que compartió con su socia y compañera de la Intervención, ha llamado la atención en la administración autonómica, poco acostumbrada a que los altos funcionarios salgan a la palestra. En el cuerpo de interventores, un ejército discreto de fiscalizadores públicos poco acostumbrado a la atención mediática, las llamadas de elDiario.es para contrastar las informaciones desveladas esta semana han causado preocupación.

El director de la Agencia Antifraude dudó públicamente de la compatibilidad de estos negocios: “Para algunos las incompatibilidades y los conflictos de interés debe de ser cosa de otro planeta”, tuiteó Joan Llinares tras publicar este periódico la red de negocios de ambos funcionarios.