La investigación de la UDEF que acabó con el exconseller del PP Serafín Castellano: un chivatazo clave y un servidor sustituido

El exconseller del PP Serafín Castellano fue detenido gracias a un chivatazo de uno de los principales componentes del 'cártel del fuego' que permitió a los investigadores policiales tirar del hilo de la trama corrupta. Castellano alcanzó un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos —que recibió regalos a cambio de adjudicaciones públicas de extinción de incendios— a cambio de rebajar sustancialmente la pena. Si bien Anticorrupción le pedía inicialmente 21 años de prisión, el expolítico del PP asumió tras el pacto penas de un año y nueve meses de prisión por los delitos de falsedad en documento público, cohecho, prevaricación y malversación y 10 meses de cárcel por el delito de asociación ilícita, además de inhabilitación y el pago de la responsabilidad civil. Castellano, junto con el empresario Vicente Huerta, también asumió el pago de una indemnización conjunta y solidaria de 900.000 euros, ya depositados ante el juzgado. Se trata del cuarto conseller del Gobierno autonómico de Francisco Camps condenado por corrupción.

El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que encabezó las pesquisas relató este lunes, en condición de perito ante el tribunal de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los detalles de la investigación del 'cártel del fuego'. La instrucción de la causa determinó que Serafín Castellano obtuvo regalos de la trama por un valor de, al menos, 163.736 euros, siendo conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana entre 2007 y 2014. Fundamentalmente cacerías y rifles, al más puro estilo de la película La escopeta nacional de Luis García Berlanga.

El representante de la Fiscalía Anticorrupción afirmó en el juicio que se trataba de un “riego de regalos sistemáticos a funcionarios y autoridades”. La lista de presentes estaba detallada en un archivo de Excel que consta en el sumario de la causa. Otro inspector de la UDEF, que declaró en la misma sesión del juicio, confirmó que “este tipo de regalos” a cargos públicos y funcionarios “era algo muy común” por parte de Avialsa.

Por su parte, el encargado de dirigir las pesquisas relató en la vista que, gracias al acceso a la base de datos policial de armas, pudieron corroborar “con cierta verosimilitud y datos objetivos” que Castellano tenía registrado el rifle semiautomático Browning que le regaló el empresario Vicente Huerta, el propietario de la empresa Avialsa, una firma que obtuvo 151,5 millones de euros en adjudicaciones públicas de la Generalitat Valenciana, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado. 

“Manipulación contable” de la trama

La trama llegó a tener contratos de la administración valenciana con incrementos de hasta un 235,92% a consecuencia de prórrogas o modificaciones indebidas sin ningún tipo de justificación. Las pesquisas, tal como declaró el inspector de la UDEF, acreditaron que las empresas de la trama hicieron “facturaciones espureas cruzadas” y “manipulación contable”, un concepto que designa las “facturas por servicios o productos que no existen como tales”.

A preguntas de la abogada del Estado, el perito explicó que cuando los agentes de la Policía Nacional registraron la empresa Avialsa “hubo problemas” con el servidor informático de la mercantil que almacena los correos electrónicos. El investigador aventuró en el juicio un posible “intento de ocultación documental”. “Era la sensación policial”, matizó el inspector, con amplia experiencia en otras causas tales como la 'Operación Malaya', el 'caso Palau' o el 'caso Pujol'. 

Las pesquisas partieron del chivatazo inicial de Francisco Alandí, mano derecha del empresario Vicente Huerta en la empresa del 'cártel del fuego'. De hecho, según afirmó el agente de la UDEF, Alandí fue “condición sine qua non” para el arranque de la investigación. Alandí, gerente de Avialsa, figura como acusado en la causa. “Siempre que se le requirió algo no puso obstáculo alguno”, declaró el perito. El 'topo' del 'cártel del fuego' declaró dos veces en sede policial, en condición de testigo: el 9 de octubre de 2015 y el 20 de noviembre del mismo año.

Alandí “levantó la espita” 

Entre otros documentos, Francisco Alandí aportó relevantes correos electrónicos y actas de las reuniones en las que las empresas implicadas se repartían el mercado de adjudicaciones públicas. También aportó datos que permitieron abrir nuevas vías de investigación, incluso en países como Portugal e Italia, donde presuntamente se había extendido el 'cártel del fuego'. 

Cuando los investigadores registraron las dependencias de Avialsa, el servidor informático había desaparecido. Sólo encontraron otro servidor “con unos meses de antigüedad”, según apostilló la abogada del Estado en el juicio. “Recuerdo que teníamos la sensación policial de que había habido algún cambio [del servidor] relacionado con la denuncia vertida por Alandí”, abundó el inspector de la UDEF.

A pesar de las trabas, los investigadores pudieron reconstruir la trama y elaboraron unos 36 informes policiales que apuntalaron la acusación. Alandí, aseguró el perito de la Policía Nacional, “levantó la espita” inicialmente y con la documentación que aportó, la UDEF pudo contrastar los datos con informes de la Agencia Tributaria y con “otras vías”.

El autor del chivatazo fue cesado de su puesto en la empresa al inicio de la investigación, en diciembre de 2012. Alandí es uno de los cuatro acusados que han declinado reconocer los hechos que se les imputan para negociar una rebaja de penas.