La investigación de la vacunación supuestamente irregular del exfiscal jefe de Castelló, en un cajón

A finales del 2020 y en plena tercera ola, la más dura y mortífera de toda la pandemia, arrancó el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la Comunitat Valenciana. Personal sanitario, sociosanitario y personas mayores internas en residencias fueron los primeros en recibir las dosis.

Sin embargo, hubo quien de forma más o menos intencionada se saltó el orden establecido para vacunarse y quedar protegido frente a la COVID 19. Alcaldes, concejales, diputados provinciales, un obispo, varios dirigentes sindicales y el exfiscal jefe de Castellón conformaron la relación de personas que la Conselleria de Sanidad Universal y salud Pública detectó que pudieron colarse en el proceso.

Las fiscalías de las tres provincias de la Comunitat Valenciana abrieron investigaciones sobre todos los casos y prácticamente todas han quedado archivadas.

Sin embargo, queda pendiente de resolver el caso del exfiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta. La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana inició el 27 de enero de 2021 una investigación tras revelar elDiario.es que que se inyectó la primera dosis el 11 de enero del mismo año, mucho antes de la fecha que le hubiera correspondido, en el centro de salud 9 de Octubre de Castellón, en el que además trabajaba su mujer, una información tras la que Cuesta presentó su dimisión.

Fuentes cercanas al caso afirmaron en su momento que, además de Cuesta, estarían también en el punto de mira al menos una veintena más de personas del centro de salud.

Sin embargo, desde entonces poco más se ha vuelto saber sobre el caso. A preguntas de este diario, la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, informó el pasado 9 de mayo que la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del caso para su vez, adjudicárselo a otra Fiscalía externa a la Comunitat Valenciana “para preservar la imparcialidad del Ministerio Fiscal”.

Desde entonces, este diario ha venido preguntando reiteradamente a la Fiscalía General del Estado a qué fiscalía se ha remitido el caso y en qué situación están las investigaciones, sin haber obtenido una respuesta concreta más allá de que están “recabando información”.