Con el objetivo de corroborar las sospechas reflejadas en el informe de Intervención de la Generalitat -germen de la causa que investiga la gestión de la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Císcar, al frente del museo- y de los documentos aportados en el sumario, la juez que instruye el caso ha designado dos de las tres peritos propuestas por Bellas Artes. Serán las encargadas de determinar si las 13 piezas que están bajo sospecha fueron adquiridas con sobrecostes muy elevados por encima de su tasación real.
Las dos peritos designadas son dos vocales de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español. Una de ellas es la jefa del Área de Colecciones del Museo Reina Sofía; y la otra ocupa el cargo de subdirectora general de Promoción de las Bellas Artes. Seleccionadas con funciones de auxilio judicial, ambas deberán redactar el informe que la juez reclamó hace ya seis meses, y del que depende que se avance en la investigación.
De las tres peritos elegidas, una rechazó la oferta. ¿La razón? Dejó su cargo de subdirectora general de Promoción de Bellas Artes en noviembre de 2015 para ocupar un sillón en el Consejo Rector del IVAM en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La perito comunicó que este hecho hacia imposible asumir dicha tarea. Pero la instructora no aceptó sus argumentos: no apreciaba “causa que le imposibilite realizar la prueba pericial encargada, ya que la técnico no formaba parte del Consejo Rector del IVAM cuando se adquirieron las obras de arte que debe valorar”. A esa postura, se sumó la petición del fiscal y de la Abogacía de la Generalitat para que no aceptara la renuncia.
La juez esgrimía, amparándose en el artículo 462 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que “nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del juez para desempeñar un servicio pericial si no estuviere legítimamente impedido”. Y señalaba que las únicas causas de recusación de peritos eran “el parentesco de consaguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo; el interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante, y la amistad íntima o enemistad manifiesta”.
Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), “el avance de la causa por los supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la edición de publicaciones pende del informe encargado a Bellas Artes hace seis meses. La falta de esa pericial dilata la instrucción, que tiene un plazo máximo de 18 meses, e impide tomar declaración a la exdirectora del museo valenciano y a los otros cinco imputados”.
Císcar está imputada por malversación, prevaricación y falsedad documental por comprar obras supuestamente con sobrecostes que llegaban al 1.500%. Aparte de la exdirectora del museo, está imputada la cúpula directiva del IVAM y se rastrean multitud de irregularidades que van desde las contrataciones con el empresario Enrique Martínez hasta el desfase y los sobrecostes en los 'Cuadernos del IVAM'. La juez también ha encargado una investigación sobre el hijo de Císcar y el exconseller Rafael Blasco, encarcelado por el 'caso cooperación'.