El IVO facturó a la Generalitat durante seis años 83 millones más de lo que preveía el contrato con Sanidad
El Instituto Valenciano de Oncología (IVO), la entidad que dirige el último conseller de Sanidad del PP, Manuel Llombart, facturó a las arcas públicas 83,1 millones de euros más de lo que preveía el contrato ahora extinguido durante sus cuatro años de vigencia 2011-1014 y otros dos de prórroga (2015-2016).
Con un presupuesto de 42 millones de euros en 2011 que creció a 42,8 en 2012, a 43,6 en 2013 y a 44,5 millones los años 2014 a 2016, el contrato con el IVO costó a Sanidad todos los ejercicios más de 10 millones de euros suplementarios. En concreto, el sobrecoste de facturación fue de 15,7 millones en 2011, de 10,2 millones en 2012, de 11,8 en 2013, de 13,3 en 2014, de 16,4 en 2015 y de 15,4 en 2016.
Con esas cifras en la mano, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, que dirige Carmen Montón, ha optado por aumentar sensiblemente la cuantía del convenio, que pasará a tener un presupuesto anual de 53,7 millones de euros (9,2 millones más que el anterior). Al mismo tiempo, apoyándose en una norma que firmó el propio Llombart poco antes de abandonar el cargo, ha retirado del acuerdo la denominada “puerta abierta”, que permitía que cualquier paciente eligiera ser tratado en el IVO.
A partir de ahora, el IVO atenderá a los enfermos que sean derivados a esa institución privada desde el sistema público “con criterios médicos”. El objetivo es controlar el gasto y racionalizar la atención oncológica, que dispone también de buenos servicios en los hospitales públicos.
Este cierre de la “puerta abierta” es una de las razones que hacen que el IVO se resista a formalizar el nuevo contrato. Un elemento que se suma a la batalla interna entre quienes, como Llombart, quieren entrar en negocios de la sanidad privada y quienes apuestan por mantener la entidad como una fundación sin ánimo de lucro. Esta última es una condición básica para que el convenio con la Generalitat tenga validez.
De momento, la conselleria ha otorgado una prórroga en los plazos para que el IVO acabe decidiendo si opta o no a la renovación del contrato.
