El jefe de Antifraude de PP y Vox estudia “acciones legales” contra Transparencia Internacional por criticarlo

El director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), Eduardo Beut, ha atacado este viernes en su comparecencia en las Corts Valencianes a Manuel Villoria, presidente del consejo asesor de Transparencia Internacional tras haber criticado al nuevo jefe de la entidad, nombrado por PP y Vox, por “demoler” el organismo. Beut ha pedido “formalmente” a los grupos parlamentarios que pidan la comparecencia de Villoria en la cámara autonómica y ha criticado sus declaraciones “contra todos los trabajadores de la agencia”. “Estudiaremos las acciones legales para preservar la imagen de la agencia”, ha anunciado Beut en una comparecencia con constantes rifirrafes con los diputados de la oposición, especialmente con Compromís.

Eduardo Beut ha afirmado que la Fiscalía Anticorrupción, con la que ha chocado a cuenta del auxilio judicial en el marco del 'caso Azud', no ha vuelto a solicitar colaboración de la agencia. También ha anunciado que se ha abstenido en seis expedientes “por conflicto de interés”, aunque no ha detallado en cuáles. La comparecencia de Beut se produce después de la suspensión de su anterior cita a consecuencia de la DANA del pasado 29 de octubre. El director de la AVA ha negado que su objetivo sea el de “debilitar” o “cerrar” la entidad, ha cargado contra la anterior dirección liderada por Joan Llinares, y ha acusado a su predecesor de haberse centrado en su propia “imagen” mientras el seguimiento de los casos y los procedimientos administrativos “quedaban en segundo plano”.

Para Beut, la función de la institución no es “señalar, condenar ni juzgar a nadie”, sino “destacar qué no se hace bien y qué es mejorable”. Así, ha justificado la contratación de una auditoría, por 40.000 euros, para analizar la etapa de Llinares, tal como informó este diario.

“Somos órganos administrativos de carácter preventivo, debemos sensibilizar a la ciudadanía, colaborar para reforzar los sistemas de integridad de las administraciones, proteger a las personas informantes y gestionar las denuncias externas para prevenir malas prácticas. Pero no somos un órgano judicial. Hacemos recomendaciones para mejorar la gestión”, ha afirmado.

En esta línea, ha indicado que cuando detectan “actuaciones que podrían ser ilegales” su obligación es “ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal o de las instituciones competentes en la materia”, pero no pueden ni deben “ir más allá”. “No me cansaré de repetirlo: la finalidad no es señalar y someter a pena pública a personas concretas, sino destacar qué no se hace bien, qué es mejorable, dejando el quién para las actuaciones administrativas de reparación que se proponen y para, en su caso, los procesos judiciales”, ha expuesto.

Ceses de la anterior dirección

También se ha referido a los polémicos ceses de la anterior directora adjunta, Teresa Clemente, y del responsable de Investigación, Gustavo Segura, destituciones que ha enmarcado en “cambios normales en parte del equipo directivo” y no en una demolición de la entidad. “Cuando accedí al puesto, creo que lo más prudente era escuchar a quienes la conocen a fondo y siempre hay una primera fase de análisis y detección de posibles problemas en el sistema. Por desgracia, he encontrado un buen número (...) y me fui dando cuenta de la fractura interna que se había generado”, ha enfatizado.

Sobre los ceses de Teresa Clemente y de Gustavo Segura ha declinado “explicar detalles concretos” y ha justificado la medida en que ocupaban “puestos de libre designación” que dependen de “la confianza y complementariedad en las formas de trabajar con la dirección” y, por tanto, están “sometidos a la posibilidad de cambios en función de la conformación de nuevos equipos”.

“Es algo normal. Valoré sus planes para el futuro, hice un primer diagnóstico y comprobé que en unos casos me consideraban un intruso, alguien con el que no se debía colaborar abiertamente, y en otros no se me aceptaba (...), y consideré que no eran las personas adecuadas en esta nueva etapa para dirigir las áreas funcionales”, ha alegado.

Beut ha atacado singularmente a su predecesor en el cargo, Joan Llinares, la persona elegida por el Parlamento autonómico para poner en marcha la agencia, al frente de la cual permaneció siete años. Para la anterior dirección, ha dicho, “la imagen lo era todo” porque resultaba “prioritario firmar muchos convenios de colaboración, tener muchos denunciantes protegidos y finalizar muchos expedientes”. “Había que generar noticias, pero el seguimiento detallado de los casos, la coordinación y colaboración, los procedimientos administrativos... todo quedaba en segundo plano”, ha criticado.

Y ha asegurado que con los anteriores directivos pudo mantener “unas pocas reuniones puntuales” en las que pidió que le transmitieran “cómo veían el estado de sus departamentos y su visión de futuro para poder estudiarlo en verano”. “Les solicité informes y todas estas cuestiones que me aportaron con diligencia, pero no conté con ningún documento, instrucción, recomendación o llamada telefónica de mi antecesor”, ha lamentado.

“Se ha hecho un trabajo ingente y hecho muchas cosas bien, sobre todo en los primeros años, pero no todas”, ha afirmado. Entre ellas, ha mencionado que la agencia “carecía de un plan de estrategia general y tampoco tenía procedimientos con el detalle que sería deseable en cuestiones tan básicas como la protección de personas informantes o la investigación de las denuncias”.

Además, publicaba “a menudo críticas a otras administraciones públicas por malos procesos de selección, exceso de funcionarios por designación, contratos menores, decisiones y convocatorias en medio de periodos vacacionales, y era cierto, pero lo que exigía a los otros no se hizo” en la propia institución. También ha llamado la atención sobre la “inestabilidad en la gestión del personal” y ha considerado que “no es normal” que “el mayor número de puestos fuese por el sistema de libre designación”.

Derogación del Código Ético

Beut también ha abordado la derogación del código ético de la entidad, el que ha bautizado como “tema estrella”, y ha ironizado: “Parece tener la misma importancia que la que tuvo las constelaciones para las civilizaciones egipcias o babilónicas hace más de 4.000 años”. Dicho esto, ha asegurado que el anterior director “tardó casi cinco años en disponer de un código ético” desde su toma de posesión y ha justificado la medida en las “quejas” recibidas de los funcionarios.

“Les exigía comportamientos y obligaciones que a menudo iban injustificadamente más allá de lo establecido en la exigente y completa legislación valenciana sobre función pública, incompatibilidades, transparencia e integridad pública (...) y algunas de ellas tenían difícil justificación”, ha expuesto. Ante esta situación, ha mostrado su compromiso en aprobar “en los meses siguientes” un nuevo código ético “similar al de otras agencias”. De hecho, ha apuntado que esta misma semana se ha abierto el periodo de exposición pública, para la que espera las “sugerencias” de los grupos, sindicatos y personas expertas.

Antifraude funcionaba antes “parecido a los soviets”, según Vox

Isaura Navarro, diputada de Compromís, ha acusado al PP y Vox de utilizar la agencia como “instrumento contra la oposición” para “perseguir” a sus representantes, lo que ha considerado “triste”, ha reprochado a Beut los ceses de “grandes profesionales” como Segura y Clemente y le ha afeado que accediera al cargo “sin ninguna propuesta de trabajo”. “La agencia con usted es un fraude en sí misma”, le ha reprochado.

Por su parte, el diputado socialista José Antonio Díaz ha acusado al director de Antifraude de “dinamitar desde dentro” la entidad y de realizar una “purga” con estos ceses por “represalias” hacia Segura y Clemente, lo que ha calificado de “caza de brujas”. También ha censurado la derogación del código ético y ha denunciado la “opacidad” de la entidad y el “apagón” a la hora de “rendir cuentas ante la ciudadanía”. “Lo que ha hecho es un crimen institucional”, ha avisado.

La diputada de Vox María Teresa Ramírez ha cuestionado a Beut su actitud “tan poco beligerante” y su posición “conciliadora” con el equipo anterior y ha sostenido que la entidad se había convertido en un “cementerio de elefantes” y en un “instrumento político al servicio de la izquierda” con “prácticas mafiosas” y un funcionamiento “parecido al de los sóviets”. La parlamentaria ha afirmado que en la etapa anterior el funcionamiento de la agencia era “parecido a los soviets”. Además, ha reclamado al director que reduzca gastos y elimine las subvenciones “innecesarias” a universidades.

Por su lado, el 'popular' Fernando Pastor ha felicitado a Beut después de que la oposición “lo único que pueda echarle en cara son dos ceses” y ha rechazado “acusar” a la anterior dirección, aunque ha mostrado “ciertas dudas e interrogantes” sobre “la esencia de la entidad en el pasado”. “Necesitamos creer en las instituciones”, ha subrayado.