El jefe jurídico de la Diputación de València, José Luis Vera, dijo en un informe que la contratación de los presuntos enchufados del PSPV y Compromís en puestos de alta dirección en la empresa pública Divalterra “no era una cuestión pacífica”. Tampoco es una cuestión pacífica la relación entre el equipo del expresidente de la Diputación y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y José Luis Vera, antaño compañeros de partido.
El jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego, también investigado en el caso Alquería, ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de València que cite a declarar como testigo al responsable jurídico de la institución provincial tras la declaración voluntaria de la cogerente de Compromís en la empresa pública, Agustina Brines.
Brines, tal como informó eldiario.es este viernes, delegó la responsabilidad de la contratación de los altos cargos en el primer gerente de Divalterra (heredera de Imelsa, la empresa pública de la Diputación convertida en la época del Partido Popular en el epicentro del caso Taula). La cogerente por Compromís en Divalterra, que había pedido declarar voluntariamente, defendió ante el juez que José Luis Vera “no puso ninguna objeción” a las contrataciones de los supuestos enchufados.
A la vista de la declaración de Brines, Ricard Gallego, jefe de gabinete de Jorge Rodríguez en la Diputación y ahora en el Ayuntamiento de Ontinyent, ha pedido al juez que llame a declarar nuevamente a Vera, quien “en julio de 2015 fue contratado en calidad de Director de los Servicios Jurídicos, Administración y Trasparencia, con las mismas retribuciones y condiciones que el Gerente (Sr. Tiller)”.
“La necesidad de dicha declaración”, añade la defensa de Gallego en un escrito al que ha tenido acceso este diario, “es consecuencia de que, al parecer, el Sr. Vera junto al Sr. Tiller y la Sra. Brines, fueron quienes efectuaron los nombramientos de los siete Directores de Área”. Gallego también pide al juez que lo vuelva a llamar a declarar. El jefe de gabinete de Jorge Rodríguez considera que Divalterra no dependía de él ni tenía firma en la empresa pública. Llegó al gabinete de Rodríguez en febrero de 2016, después de las primeras contrataciones de altos cargos que se produjeron en noviembre de 2015 y simultaneaba su puesto en la diputación con el del Ayuntamiento.