“Yo no soy futbolero pero ese Mundial por solidaridad con las mujeres y personas LGTBI de este país creo que no voy a ver ningún partido”.
El alcalde de València, Joan Ribó, se ha pronunciado así sobre la celebración del Mundial de Fútbol en Qatar, un país en el que se discrimina a las mujeres y la homosexualidad está prohibida. Su embajador para el Mundial, Khalid Salman, ha asegurado recientemente que la homosexualidad es un “daño mental”.
Preguntado sobre si el Ayuntamiento de València impulsará la instalación de pantallas gigantes para seguir los partidos de la selección española, Ribó ha asegurado que no lo contempla: “Cada uno hace lo que quiere, pero no vamos a impulsar la cobertura de un Mundial que creo que tiene que haber un repeto mínimo a los derechos humanos que no se cumplen”.
Desde que el país del Golfo ganó en 2010 una votación rodeada de polémica para acoger el Mundial de 2022, Qatar ha invertido alrededor de 200.000 millones de dólares en infraestructuras que no han logrado acallar las críticas por las condiciones laborales de los trabajadores, las acusaciones de corrupción, la persecución de la comunidad LGTBI, la discriminación de las mujeres y la falta derechos como la libertad de expresión y asociación.
Oficialmente solo han muerto tres trabajadores en la preparación de la competición, pero el número real se desconoce. The Guardian publicó una investigación que revelaba la muerte de 6.500 migrantes procedentes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka desde la concesión del Mundial, principalmenrte en la construcción de infraestructuras. Los datos, obtenidos de fuentes oficiales de estos países, no están categorizados por ocupación o causa de muerte, pero es probable que muchos de ellos estuviesen trabajando en infraestructuras para el Mundial, sostiene el medio británico. “Las autoridades qataríes no han investigado las causas de la muerte de miles de trabajadores migrantes, muchas de ellas atribuidas a causas naturales”, ha denunciado Human Rights Watch.