Diez cuestiones urgentes y tres retos sobre los que las izquierdas deberían expresar su posición
Cuando se convocan elecciones generales es el tiempo de las promesas y de las propuestas. Promesas y propuestas concretas. Sin confusiones. También es el tiempo en que uno espera que se nos trate con seriedad y con respeto. Como a mayores de edad. Sin escamotear, posponer, eludir, ocultar o silenciar cuestiones muy relevantes. Frente al programa neoliberal bien establecido por las derechas, me gustaría que las izquierdas situaran en el centro de los debates cuestiones entiendo que centrales para millones de conciudadanos y que trascienden, de una parte, las nuevas tendencias marcadas por la festivalización, banalización o espectacularización de la política o la insistencia en significantes vacíos, y de otra la reiterada confusión, no sé si interesada, entre lo que corresponde hacer a las Cortes Generales y al gobierno central, que es lo que ahora se dirime, y aquello que no es de su incumbencia. En todo caso, en estos tiempos donde lo efímero y lo superficial también se adentra en el territorio de la política, somos muchos los que desde la familia de las izquierdas agradeceríamos un punto de sosiego, profundidad, seriedad y claridad. También, si no fuera mucho pedir, un relato claro y realista alternativo al propuesto por las derechas con voluntad de trascender al ciclo político y en el contexto europeo actual. Porque estamos en un contexto que impide elaborar programas para un Estado, más aún si es un Estado “rescatado” y en nuestras campañas se olvida, se orilla o se ignora, no sé qué es peor.
¿Qué tenemos pendiente? ¿Qué hemos aprendido de estos años? ¿Qué no podemos silenciar? ¿Qué causas y qué soluciones debemos ser capaces de encontrar como comunidad política a las causas profundas que provocan malestar, inseguridad, incertidumbre e irritación? ¿De quiénes no nos podemos olvidar? ¿De qué no nos podemos olvidar? Aquí se avanzan solo algunas sobre las que me gustaría que los candidatos de las izquierdas situaran en el centro de los debates y expresaran su punto de vista y qué iniciativas adoptarían sea desde un futuro gobierno sea desde los bancos de la oposición.
¿De quiénes no nos podemos olvidar?
1/ De las personas a las que las políticas de recorte de gasto social han dejado a la intemperie. De los desempleados que ya no perciben ninguna prestación. Más allá de la utilización manipulada y falseada de las estadísticas. De quienes intentan vivir con ayuda social o con un salario mínimo interprofesional en España 648,40 en 2015. De los tres millones de trabajadores (el 30%) que no alcanzan los 1.000 euros al mes y del 15% de las mujeres que trabajan y cobran menos de 700 euros al mes.De las personas que sufren pobreza energética, exclusión sanitaria, pobreza alimentaria o violencia de género. De millones de vidas precarias. Y muy especialmente de la pobreza infantil, porque ahí se cronifican las brechas que ya no se pueden restañar.Conocemos bien los datos. Dice el reciente Informe FOESSA que unos 11,7 millones de personas (3,8 millones de hogares) se hallan afectados por distintos procesos de exclusión social en España; es decir, 4,4 millones más que en 2007. De ellas, 5 millones se hallan en situación de exclusión severa, en un millón y medio de hogares. La exclusión social tiene cada vez un perfil más rejuvenecido. De manera que entre los menores de 18 años, la suma de exclusión severa y moderada arroja un porcentaje del 37,3%, y entre los de 18 a 29 años es del 31,3%. La cuestión es ¿qué medidas concretas piensan impulsar desde el gobierno y desde las Cortes Generales?
2/ De quienes aún siguen desaparecidos y de sus familias. Los poderes públicos tienen la obligación histórica de reparar las heridas que siguen abiertas de las miles de familias que en 2015 no pueden enterrar a sus muertos que siguen por ahí en cunetas y en fosas comunes. Sin que sus familias puedan enterrarles, llorarles, visitarles y recordarles como es debido. Ha transcurrido el tiempo necesario para poder recuperar toda la historia y todas las historias. No es casualidad que ahora en España se asista a la eclosión de la historiografía, a la constitución de foros de la memoria y a la conmemoración de decenas de actos que quieren hablar de nuestros “olvidados” diría Hilda Sabato. Más de medio siglo ya es distancia suficiente para aproximarnos al estudio y al (re)conocimiento del trauma colectivo que supusieron la Guerra Civil y la represión franquista. Es el momento, sin pretender ajustar cuentas con el pasado, de romper sus “silencios obligados” en palabras de Luisa Passerini. De poder contar y conocer todas las historias invisibles, ocultadas, silenciadas, reprimidas, suprimidas, desterradas, enterradas en los márgenes de las carreteras. Esa es ahora nuestra obligación moral colectiva y nuestro compromiso democrático: recordar a todas las personas decentes y a las familias a quienes la historia de España de la segunda mitad del siglo XX apenas permitió vivir en sus márgenes. Recordar para que dejen de estar en los márgenes de los libros de historia, en los márgenes de la memoria colectiva. ¿Qué medidas concretas adoptarán para afrontar esta responsabilidad colectiva?
3/ De los más de 160.000 refugiados sobre los que discutimos cómo repartir en “cuotas” y de los más de 700.000 ciudadanos sirios, iraquíes, afganos, eritreos, ahora vagando, ateridos, al otro lado de las vallas de nuestras recrecidas empalizadas y que llaman a las puertas de Europa huyendo del horror. De aquellos a quienes consideramos, en España, personas con menos derechos que nosotros. Inmigrantes y refugiados con infraderechos propios de situaciones predemocráticas como denuncia Javier de Lucas. De un conflicto que nosotros provocamos, como denunciaba recientemente Manuel Castells, mientras nosotros seguimos sin acuerdo ¿Qué medidas concretas de asilo para refugiados tienen previstas? ¿Están de acuerdo con “externalizar” la gestión de los refugiados a cambio de dinero? ¿Qué posición defenderán, en su caso, en el ámbito comunitario? ¿Se comprometen al desarrollo la ley de asilo de 2009 que todavía sigue inédita? ¿Qué medidas concretas tienen pensadas en relación con los CIES? Y en cuanto a la inmigración ¿qué proponen para España para las próximas décadas?
4/ De las mujeres que ya no nos pueden acompañar, de sus hijos e hijas y de sus familias porque fueron asesinadas con violencia por sus parejas o exparejas. 41 en lo que llevamos de año. Más de 800 desde 2003 ¿Qué medidas concretas, legislativas o de gobierno, tienen previstas para buscar soluciones eficaces que erradiquen la violencia machista?
¿De qué no nos podemos olvidar?
5/ De la desigualdad social que aumenta. Sabemos que las causas de la desigualdad son de naturaleza política. “Las raíces de esta debilidad –se afirma en FOESSA- son varias, pero destacan, sobre todo los altos niveles de desigualdad salarial en el contexto comparado y la limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos y prestaciones”. También sabemos que la desigualdad de género no se reduce en ninguna de sus dimensiones: brecha de cuidados, brecha de salarios y brecha de pensiones ¿Qué iniciativas concretas, tanto aquí como en Bruselas, se impulsarán para invertir estas tendencias tan acusadas en España?
6/ De la corrupción política y pública, que es sistémica. De cómo no se ha querido atacar de raíz la corrupción. Sabemos que donde anida la corrupción la democracia no es posible. Sabemos también que es una patología que nos acompaña desde siempre. Ya en 1994 Javier Pradera escribía “…a veces se tiene la impresión de que vivimos una democracia no habitada por demócratas”. Esta sensación es la que yo he tenido muchas veces estos años. De otra parte, conocemos bien cómo los grandes partidos han politizado los instrumentos de regulación y control ocupando todos los espacios, instituciones y cómo se resisten a abandonarlos. Sustrayendo a la obligada transparencia y división de poderes espacios fundamentales para la democracia (Tribunal de Cuentas, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Comisión Nacional del Mercado de Valores) ¿Qué tienen previsto concretamente al respecto?
7/ De derogar algunas leyes profundamente injustas que reducen espacios de libertad y limitan derechos democráticos. De la reforma laboral de esta legislatura. De cómo está el sistema de contratación y de despido. De la reforma en el sistema de atención sanitaria a inmigrantes. De la Ley mordaza (eufemísticamente llamada Ley de Seguridad Ciudadana) y el recorte de libertades que ha supuesto. En este apartado hay más compromisos concretos en distintos programas electorales pero nunca está de más especificar las medidas.
8/ De que las cuentas públicas también se pueden equilibrar incrementando los ingresos y no solo recortando gasto público social. Los que vengan deberían ocupase más de la mayoría de las personas y no tanto de cómo les va a las elites. Los datos más recientes evidencian que el gasto en educación y en sanidad de 2013 ha retrocedido a niveles similares a los del año 2007. A ello hay que sumar los recortes en servicios sociales, en justicia, en cultura … Mientras tanto, las grandes empresas tributaron en 2014 un 7 por cien en vez del 30 por cien. Desde que se inició la recesión, dicen algunos informes recientes, España ha dejado de ingresar no menos de 20.000 millones euros. Denuncia Oxfam que en plena crisis económica, las 35 mayores empresas que cotizan en bolsa (IBEX35) “incrementaron un 44% su número de filiales en paraísos fiscales”, llegando actualmente a 810. Por su parte, timetric sostiene que a finales de 2014, los HNW españoles tenían un 39,5% de su riqueza fuera de su país, un porcentaje significativamente superior a la media del mundo que es del 20% al 30%. El propio Ministerio de Hacienda informa de que de los 19 millones de contribuyentes en España solo 4.628 se sitúan en el tramo superior a 600.000 euros.
A la vez, el mismo gobierno que no hacía nada al respecto asumía con Bruselas recortes en gasto público social hasta 2017 en casi 6 puntos del PIB desde 2011. Todavía hay que recortar 9.000 millones el año que viene si nos atenemos a los compromisos adquiridos en su día por el gobierno español en el Programa de Estabilidad del Reino de España acordado con Bruselas ¿Qué medidas concretas, más allá de declaraciones retóricas, impulsarán para incrementar los ingresos en el contexto europeo y en un sistema financiero abierto que no se puede embridar desde la escala estatal porque las empresas y los patrimonios pueden marcharse? ¿Subir impuestos? ¿Patrimonio? ¿Grandes fortunas? ¿IRPF? ¿Impuestos indirectos? ¿Bajar impuestos? ¿Qué tienen pensado para cubrir los vacíos legales que aprovechan los plutócratas? ¿Cómo piensan gestionar este escenario fiscal regresivo y “austeritario” de recortes impuesto por la agenda neoliberal comunitaria?
9/ De que la educación necesita atención política prioritaria. Sabemos que las grandes fracturas sociales encuentran en la segregación educativa su explicación y arrancan desde edades muy tempranas. Pobreza y exclusión social correlacionan bien con abandono prematuro y pobres resultados académicos. Esta es la mayor fractura social, la más duradera y la más insalvable para cientos de miles de familias y jóvenes. Conocemos bien los efectos devastadores de la subida de las tasas universitarias y del descenso de las becas. El precio de los grados en estos cuatro años ha subido en España entre un 18 y un 40 por cien. El de los postgrados en algunos casos el 200 por cien, por ejemplo en Valencia, pero en otros muchos sitios por encima de un 150 por cien. No nos podemos olvidar por tanto de aquellos miles de jóvenes que ya no pueden acceder a universidad por razones económicas, de los jóvenes expulsados del sistema universitario por la subida de las tasas y de aquellos que no pueden cursar un postgrado. Tampoco de los que estos años han tenido que marchar al extranjero para poder tener un empleo y un poco de respeto y de salarios dignos. No hemos entendido todavía que los sistemas educativos de calidad son estables y sus leyes son duraderas porque se asientan en consensos amplios y en una gran apuesta por la calidad de sus profesores. Aquí tenemos una ley cada cuatro años y hemos apostado por la precarización, la inestabilidad y la temporalidad de los profesores, en todos los niveles. Me gustaría que hubiéramos aprendido que no podemos seguir así. Y esta cuestión es anterior y mucho más importante que los debates de siempre: el de la religión o los crucifijos que sirven para polarizar y enmascarar la cuestión de fondo importante ¿Cómo piensan encarar la revisión de la legislación básica en materia de educación? ¿Qué modelo de universidad proponen? ¿Qué medidas concretas tienen previstas para solucionar la mayor debilidad que hoy afrontan las universidades españolas: un deterioro visible en la calidad de la docencia? ¿Cómo piensan erradicar la precariedad, la inseguridad y la inestabilidad entre los profesores? ¿Qué reformas legislativas creen que hay que impulsar? ¿Qué compromisos concretos tienen previstos para garantizar que los jóvenes no se vean obligados a abandonar sus estudios universitarios por cuestiones económicas? Más allá de si 3+2 o 4+1 ¿han valorado, por ejemplo, que el modelo francés o alemán en el que el precio de los postgrados es similar al de los grados es mejor que el modelo anglosajón o el actual español? ¿Lo impulsarían?
10/ Del Estado en que vivimos para no persistir en errores y profundos desencuentros. Mientras no se entienda que Estado y nación no deben confundirse no seremos capaces de encontrar soluciones aceptables para caminar juntos. Afirma Mariano Rajoy que “España es una de las naciones más antiguas de Europa” y que “…nosotros no hemos creado esta situación”. Ninguna de las afirmaciones es cierta. El nacionalismo español, de derechas y de izquierdas, ya debiera haber aprendido que España es un Estado plurinacional. Que las naciones existen y resisten. Que es una cuestión que remite al cuadrante de las emociones y que no es una cuestión jurídica sino política. Deben leer con atención al Juan Linz de 1973 y de 1978. Ya explicaba con claridad meridiana que Estado y nación no deben confundirse. También les haría bien releer al Renan de finales del siglo XIX para entender que las naciones son “un plebiscito cotidiano”. Los nacionalismos debieron haber aprendido a no hacer cálculo electoral con las emociones y los sentimientos. Aquel recurso político interpuesto por el PP, la sentencia de 2010, a mi juicio también política, del Tribunal Constitucional, la negativa a no hacer una consulta no vinculante después y la torpe posición inmovilista posterior, han ido haciendo crecer el sentimiento secesionista no sé si de forma irreversible desde 2010 (no hay más que ver la evolución bien documentada en las encuestas del CIS) y han conducido a unas fracturas emocionales y sociales de muy difícil reconducción que permitieran pensar una situación previa de convivencia en Cataluña y entre Cataluña y el resto de España. De otra parte, los nacionalistas catalanes que han optado por la secesión se han situado en una posición imposible. No podemos olvidar que quienes han dejado que se pudra un conflicto gravísimo con Cataluña no pueden ahora pretender resolverlo. Si todavía es posible, tendrá que ser el nuevo gobierno que salga después del 20 de diciembre y el nuevo gobierno de la Generalitat quienes sepan encauzar políticamente esta confusa situación que a nadie beneficia ¿Qué iniciativas tienen previsto impulsar? Si tuvieran la mayoría en el nuevo parlamento ¿facilitarían la realización de un referéndum en Cataluña como se permitió en Canadá, en dos ocasiones, y en Escocia? ¿Qué medidas concretas impulsarían, en su caso, para avanzar en la dirección del reconocimiento del hecho plurinacional en un Estado compuesto? ¿Qué medidas concretas de reforma de la Constitución, en su caso, proponen para alcanzar acuerdos con otros actores políticos? Pocas concreciones. En cambio, salvo para aquellas cuestiones relacionadas con la legislación básica y aspectos referidos a competencias de la Administración General del Estado, bien definidas por otra parte en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, sobran muchísimos anuncios y promesas en los programas electorales. Además de un cierto neoliberalismo compasivo, en algunos programas hay demasiado jacobinismo bienintencionado fuera de lugar. Programas plagados de medidas y compromisos que no tienen sentido. Porque los candidatos y sus partidos saben bien que gran parte de los que anuncian en materia de educación, salud, dependencia, vivienda, servicios sociales, familia, medio ambiente o políticas para la ciudad son competencia de los parlamentos y gobiernos regionales ¿A qué viene entonces esta batería de medidas concretas que no podrán desarrollar en ningún caso? ¿Por qué no se no se concentran en aquellos ámbitos, muchos y muy importantes, que sí son competencia de las Cortes Generales y del gobierno central? Por ejemplo, ¿Piensan derogar la Ley de Bases de Régimen Local? ¿Y la Ley de Racionalización Sostenibilidad de la Administración Local para avanzar en la dirección en la que ahora se mueve otros países de nuestro entorno? ¿Qué modelo alternativo proponen? ¿Creen que ha llegado el momento de dar mayor autonomía política a los gobiernos locales? ¿Creen que las Diputaciones Provinciales deben ser suprimidas? ¿Por qué no han prestado atención al impulso de iniciativas legislativas que permitan abordar la realidad metropolitana como sí ha hecho Alemania, Francia o Italia? ¿Por qué no hay ninguna referencia? ¿Creen que no es importante?
Hasta aquí lo urgente, ahora lo verdaderamente importante planteado en forma de tres preguntas concretas:
1/ ¿Qué compromisos creen que tiene que asumir España en relación con la amenaza del terrorismo yihadista global? Porque la indefinición calculada posponiendo cualquier anuncio hasta más allá de la cita electoral me parece una falta de respeto intolerable.
2/ ¿Qué posición piensan defender desde el parlamento y, en su caso, desde el gobierno de España en relación con el proceso de negociación del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones? Se trata de acuerdos, hace tiempo impulsados, que se negocian en secreto, confeccionados a medida, por y para las grandes corporaciones. Para allanar el camino a los grandes monopolios transnacionales. De comercio e inversión, no se olvide la segunda parte. Trazado por las elites para abrir las puertas a los mercados al tiempo que las cierra a los derechos sociales y laborales y reduce la calidad y la densidad de la democracia. Se trata de facilitar a las corporaciones trasnacionales lo que puede ser mayor riesgo de regresión democrática que hayamos conocido los europeos desde la segunda Guerra Mundial en materia de reducción de derechos sociales y laborales, de privatización de servicios, con un riesgo cierto de desaparición de pequeñas empresas y de aumento sin parangón de las desigualdades en Europa. Con sus propias reglas y tribunales en caso de tener que dirimir conflictos, por ejemplo, entre una empresa multinacional y un Estado democrático (nunca a la inversa) ¿Por qué no han situado hasta ahora en el centro del debate electoral esta cuestión esencial?
3/ ¿Qué medias concretas tienen previsto impulsar para mitigar las consecuencias del cambio climático, en especial en el Mediterráneo? ¿Y para hacer posible una transición energética hoy imprescindible?
Es inaplazable alcanzar compromisos concretos para reducir los daños y para evitar que los riesgos asociados a los cambios que ya hemos provocado en la dinámica atmosférica sean menos devastadores de lo que pueden serlo. Riesgos asociados a la generalización de episodios climáticos extremos. Estas alteraciones se harán muy visibles especialmente en ecosistemas muy frágiles y vulnerables como es el caso de la cuenca del Mediterráneo, como ya han alertado los gobiernos regionales de Andalucía, Valencia, Baleares y Cataluña el pasado mes de noviembre. Porque si no hacemos nada, conviene reiterarlo, los impactos territoriales van a ser profundos. En la calidad del aire, en las precipitaciones, en los episodios de sequía, en la aparición de olas de calor, en las agriculturas, en la disponibilidad de agua potable, en la aparición de nuevas plagas, en el turismo…. Y en muchas otras cuestiones.
Tal vez algunos de los cambios que hemos provocado en la dinámica atmosférica durante un breve periodo de menos de tres siglos al se le llama el Antropoceno ya sean irreversibles, pero hay que tomar decisiones con urgencia siquiera sea para que la situación no se agrave aún más dentro de tres o cuatro décadas. Decisiones que no solo afecten a la reducción de emisiones, sino que deben afectar a modelos de producción y consumo o a movilidad urbana, así como a la necesidad e iniciar una decidida transición energética. Se tata de nuestro gran desafío colectivo, es una cuestión de todos y si no hay un cambio de mentalidad profundo las políticas no cambiarán, y entonces este planeta será mucho menos habitable en 2050 probablemente muy hostil en 2100 ¿Qué posición tienen al respecto? ¿Qué medidas concretas adoptarían respecto a los monopolios energéticos? ¿Seguir algunos cómodamente instalados en sus consejos de administración? ¿Regulación? ¿Nacionalización?
Por lo demás, está bien que los candidatos y candidatas vayan a programas de entretenimiento o a programas deportivos. Ahora la política parece que se hace de esta manera. Pero muchos no queremos que nos entretengan, sino que agradeceríamos escuchar compromisos concretos, proyectos alternativos en los que pueda latir siquiera la sensación de que hay voluntad de alterar las reglas de juego y la actual concentración del poder, de que hay otros caminos transitables distintos al neoliberalismo institucional. En España y en Europa. Desde España y para Europa. De que no es verdad que los mercados gobiernan y los gobiernos administran. La democracia se alimenta de visiones contrapuestas. También de esperanzas. La democracia también es pedagogía. Pero sobre todo es respeto. En especial en periodo electoral.
Joan Romero es profesor en la Universitat de València.
